El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha proyectado el objetivo de acabar con la subvención a los hidrocarburos y dejar de importarlos para el año 2025.
Para lograr este objetivo, el gobierno está invirtiendo en la construcción de plantas de biodiésel y en la eficiencia en la logística de importación.
Arce también ha destacado la importancia de la industrialización con sustitución de importaciones para consolidar la producción interna y reducir la carga de la subvención a los hidrocarburos en el Estado.
Se espera que estas acciones de inmediato y corto plazo, incluyendo la lucha contra el contrabando de combustibles, permitan al Estado un ahorro de hasta $us 3.000 millones. En el 2023, el gobierno ha programado Bs 7.642 millones para la subvención a los hidrocarburos, lo que garantiza la estabilidad de los precios de la canasta familiar y una inflación controlada.
La subvención a los hidrocarburos en Bolivia ha sido una política constante en las últimas décadas, con el objetivo de garantizar el acceso de la población a combustibles a precios accesibles y mantener la estabilidad de la economía del país. Sin embargo, esta política también ha representado una carga significativa para el Estado, por lo que el Gobierno ha venido implementando diferentes estrategias para reducir su impacto y avanzar en la industrialización del país.