Cuando el calendario legislativo marca los últimos días de gestión, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pareció recordar sus competencias y, en un sorpresivo arranque de productividad, sancionó varios créditos internacionales que en conjunto superan los 600 millones de dólares.
Los proyectos, destinados a infraestructura, desarrollo productivo, caminos y servicios básicos, fueron aprobados con una rapidez poco vista durante los años anteriores. En el discurso oficial se habla de “reactivación económica” y “compromiso con el país”, pero para muchos ciudadanos el gesto tiene otro sabor: el de justificar el trabajo antes de apagar las luces del hemiciclo.
Durante meses, las sesiones se vieron marcadas por bloqueos políticos, pugnas internas y posturas irreconciliables entre oficialistas y opositores. Sin embargo, en cuestión de días, el Congreso boliviano consiguió aprobar más créditos que en gran parte del año.
Algunos analistas apuntan que este “despertar legislativo” podría tener un matiz simbólico: la necesidad de cerrar la gestión con logros tangibles, aunque lleguen tarde. Otros, más críticos, lo ven como un acto de “maquillaje institucional” en tiempos donde la ciudadanía exige transparencia y resultados reales.
Entre los créditos figuran programas para la construcción de carreteras, ampliación de redes de agua potable y saneamiento, además de proyectos productivos con financiamiento del BID y del Banco Mundial.
Lo paradójico es que, en este repentino impulso, la ALP parece haber recordado que legislar también implica decidir sobre el futuro económico del país. Y aunque más vale tarde que nunca, el país se pregunta si esta ola de aprobaciones es sinónimo de compromiso… o de despedida.
Redacción central
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