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Diecisiete años después de que se abriera formalmente el juicio de responsabilidades por los hechos de octubre de 2003, una decisión de la justicia constitucional vuelve a sacudir uno de los procesos más sensibles de la historia reciente de Bolivia. La Sala Constitucional concedió una acción de libertad a Carlos Sánchez Berzaín y Mirtha Quevedo y declaró la nulidad del auto de apertura del juicio de 2009 y de los actuados posteriores que derivan de ese acto.

José Gabriel Espinoza dejó el Ministerio de Economía, pero la pelea que provocó su salida todavía no terminó. Rodrigo Paz decidió acatar la censura de la Asamblea Legislativa y designó provisionalmente a Óscar Mario Justiniano, mientras sigue pendiente la batalla jurídica ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Nadia Beller presentó una lista de 28 legisladores a los que acusa de haber recibido presuntamente $us 5.000 mensuales por respaldar decisiones del Gobierno. Los señalados niegan las acusaciones y anuncian acciones contra la denunciante. Pero mientras la pelea política amenaza con quedarse en declaraciones y querellas, la ciudadanía espera una respuesta distinta: que la justicia investigue, establezca la verdad y demuestre que en Bolivia nadie está por encima de la ley.

¿Quién financiaba a Fernando Cerimedo en Bolivia? El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) se desmarcó del escándalo y aseguró que no tiene ningún contrato con el consultor argentino del presidente Rodrigo Paz, pero dejó intacto el misterio sobre quién pagaba su trabajo en Palacio Quemado.

En un acto realizado este miércoles en el Colegio Militar, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, entregó sables y pistolas, símbolos de mando, a la nueva promoción de oficiales de las Fuerzas Armadas (FFAA), con el mensaje de asumir el grado con “orgullo y humildad” y lealtad absoluta a la Constitución Política del Estado.

Hace un año, más de 7,5 millones de bolivianos acudieron a las urnas en una elección que terminó con casi dos décadas de predominio del MAS. La segunda vuelta del 19 de octubre confirmó el giro: Rodrigo Paz derrotó a Jorge “Tuto” Quiroga con el 54,5% y abrió un nuevo ciclo político. Pero un año después de aquella primera votación, el cambio enfrenta su primera prueba: el Gobierno pide tiempo para resolver una crisis que no provocó en meses, mientras la calle comienza a pedir certezas sobre cuándo llegará la recuperación.

El DS 5676, promulgado el 16 de agosto y vigente desde el 17, lleva a Bs 18 el litro de diésel para Grandes Consumidores y Clientes Directos, mientras otros sectores mantienen el precio de Bs 9,80. El Gobierno busca reducir el subsidio y cerrar una brecha que alimenta el contrabando, pero la medida abre una nueva pregunta: ¿se está acabando el negocio ilegal o simplemente cambiando de canal?

“No me importa si el dólar viene de la izquierda o de la derecha”. Más que una frase sobre inversión, la declaración de Rodrigo Paz marca una definición política: frente a una Bolivia urgida de capital, producción y empleo, el Gobierno dice estar dispuesto a dejar la ideología en segundo plano y priorizar que los recursos lleguen al país. La nueva Ley de Inversiones, presentada ante la Asamblea Legislativa con 103 artículos, busca convertir ese discurso en reglas para atraer capital.

El Gobierno anunció hace varios días una intervención de YPFB para investigar presuntas irregularidades en la estatal petrolera. Sin embargo, hasta ahora no aparece públicamente un interventor o síndico que haya asumido la conducción de la empresa: Sebastián Daroca continúa al frente de YPFB y el Viceministerio de Transparencia participa en las tareas de control e investigación. La pregunta ya no es solamente qué encontraron, sino qué significa jurídicamente la “intervención” anunciada por el Gobierno de Rodrigo Paz.