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“No me importa si el dólar viene de la izquierda o de la derecha”. Más que una frase sobre inversión, la declaración de Rodrigo Paz marca una definición política: frente a una Bolivia urgida de capital, producción y empleo, el Gobierno dice estar dispuesto a dejar la ideología en segundo plano y priorizar que los recursos lleguen al país. La nueva Ley de Inversiones, presentada ante la Asamblea Legislativa con 103 artículos, busca convertir ese discurso en reglas para atraer capital.

El Gobierno anunció hace varios días una intervención de YPFB para investigar presuntas irregularidades en la estatal petrolera. Sin embargo, hasta ahora no aparece públicamente un interventor o síndico que haya asumido la conducción de la empresa: Sebastián Daroca continúa al frente de YPFB y el Viceministerio de Transparencia participa en las tareas de control e investigación. La pregunta ya no es solamente qué encontraron, sino qué significa jurídicamente la “intervención” anunciada por el Gobierno de Rodrigo Paz.

El ala evista plantea realizar un referendo para definir si Evo Morales puede volver a ser candidato presidencial, una propuesta que vuelve a poner sobre la mesa su retorno electoral y que llega en un escenario donde su habilitación enfrenta restricciones constitucionales. Más que una salida jurídica inmediata, el planteamiento puede ser leído como un globo de ensayo político: medir cuánto respaldo conserva Morales, provocar reacciones y evaluar si existe espacio para convertir su candidatura en una nueva batalla política.

El Gobierno de Rodrigo Paz apunta a los últimos 20 años como el periodo en el que se habría acumulado la expansión del crimen organizado en Bolivia, una referencia que inevitablemente alcanza al ciclo político iniciado con Evo Morales. Pero mirar hacia atrás no resuelve el problema que hoy golpea a Santa Cruz, Beni y Pando. El lanzamiento del plan binacional “Fronteras Seguras”, junto con Brasil, plantea una cuestión más urgente: el Gobierno puede explicar quién dejó crecer el problema, pero ahora debe demostrar que tiene la capacidad para frenarlo antes de que el crimen organizado termine ocupando los espacios que el Estado no controla.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, publicó un mensaje que, a primera vista, parece una broma: “Imagino que todos los churrascos de esta semana serán estrictamente familiares”. La frase pasó a formar parte de la conversación pública, pero deja una pregunta difícil de responder: ¿qué quiso decir exactamente? En un país donde el costo de vida y el poder adquisitivo preocupan a las familias, el comentario, viniendo precisamente del responsable de la política económica, resulta cuando menos desconcertante.

El presidente Rodrigo Paz anunció un Alto Comisionado para combatir la corrupción, pero el anuncio abre una pregunta incómoda: ¿Bolivia necesita otra instancia anticorrupción o que las instituciones que ya tienen esa misión funcionen con independencia? El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé recordó que el país ya cuenta con Asamblea Legislativa, Contraloría, Procuraduría, Ministerio Público, Órgano Judicial y control social. El problema, entonces, podría no estar en la falta de instituciones, sino en la falta de voluntad política para fortalecerlas, coordinarlas y garantizar que quienes deben controlar al poder no dependan del poder que deben controlar.

Samuel Doria Medina sostiene que el Gobierno está intentando contener la inflación y el alza del dólar retirando bolivianos de circulación: por un lado, elevando el encaje legal de los bancos y, por otro, absorbiendo liquidez mediante Operaciones de Mercado Abierto (OMAs). Su explicación parte de un principio básico de economía: cuando escasea el dinero disponible, se reduce la presión sobre los precios y sobre la demanda de dólares. Pero la otra cara del mecanismo también está en los libros de economía: menos liquidez puede significar menos crédito, menor consumo e inversión y, finalmente, más enfriamiento de una economía que ya está debilitada. Ahí comienza el verdadero debate: ¿Bolivia está estabilizando la economía o profundizando su recesión para conseguirlo?

El reciente mensaje del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo —“Bolivia ha comenzado a ponerse de pie, le duela a quien le duela”— abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical. Mientras el Ejecutivo intenta instalar una narrativa de control, estabilidad y legitimidad basada en el “mandato popular”, los trabajadores afiliados a la COD de Cochabamba advierten que ese lenguaje revela un preocupante giro hacia el autoritarismo y una lectura distorsionada del voto ciudadano.

Asambleístas de Bolivia, han condicionado la aprobación de créditos de financiamiento externo y destinos de recursos del Ejecutivo a una explicación técnica y transparente del uso de esos fondos. La exigencia responde a demandas de control y rendición de cuentas que buscan evitar prácticas opacas del pasado y fortalecer la fiscalización legislativa.