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Bolivia amanece este domingo con la misma postal: filas interminables en Quillacollo y la Blanco Galindo, el 50% de los micros de Santa Cruz parados y el 70% de los camiones varados, mientras el ministro de Hidrocarburos Marcelo Blanco suelta la frase que ya es meme nacional — «No les puedo dar una fecha exacta, no tengo bola de cristal» — y confirma que pasamos del corralito del dólar al corralito del diésel, donde la única certeza oficial es que no hay certeza.

Mientras caminaba junto a JP Velasco rumbo al santuario de la Virgen de Urkupiña, en Quillacollo, Jorge “Tuto” Quiroga ratificó su advertencia: si Bolivia no modifica la Constitución y las leyes, podría enfrentar mayores dificultades para garantizar GLP, gas y energía. Su frase fue contundente: “apaguen la luz, enciendan la vela y cocinen a leña”.

El proyecto de Ley de Inversiones del Ejecutivo tiene un límite que no puede ser sorteado por una ley ordinaria: la propia Constitución. El artículo 320 no deja abierta la puerta a una interpretación política sobre el trato al capital extranjero: prioriza la inversión boliviana, somete la inversión extranjera a la jurisdicción, leyes y autoridades nacionales y prohíbe expresamente otorgarle condiciones más beneficiosas que a los bolivianos. Si el proyecto pretende establecer garantías que superen ese marco, el problema ya no es de reglamentación, sino de jerarquía constitucional.

La Contraloría General del Estado respondió sobre la declaración jurada del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, y precisó que podrá proporcionar información previo requerimiento fiscal, orden judicial o solicitud de la autoridad de Transparencia. Pero el comunicado deja una pregunta de fondo: ¿puede la Contraloría poner por iniciativa propia los antecedentes en conocimiento de la Fiscalía si detecta una posible inconsistencia?

El Gobierno de Rodrigo Paz presenta el Decreto Supremo 5675 como una reestructuración del Órgano Ejecutivo, con 12 ministerios y una nueva distribución de competencias. Pero reducir el número de carteras no demuestra, por sí mismo, que el Estado sea más eficiente. La verdadera prueba estará en si disminuyen el gasto, la burocracia y los tiempos de respuesta, o si simplemente cambian de lugar las mismas funciones.

“Auditen todo, ministro”. Con esa respuesta, el periodista y gerente nacional de DTV, Junior Arias, reaccionó al comunicado con el que José Gabriel Espinoza respondió a la investigación sobre su patrimonio. El caso, sin embargo, plantea una cuestión jurídica que va más allá de la polémica pública: el jurista Franz Barrios sostiene que una rectificación posterior no borra por sí sola una eventual falsedad u omisión en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas. La cronología coloca al Audi Q4 e-tron en abril, una declaración sin el vehículo en junio y una rectificación posterior, después de que la investigación periodística pusiera el caso bajo escrutinio.

La recaudación tributaria del mercado interno aumentó 12,9% entre enero y julio de 2026, hasta Bs 32.268,5 millones. El dato parece positivo, pero al cruzarlo con la inflación, la meta anual del SIN y la concentración de la recaudación en grandes contribuyentes, aparece una pregunta incómoda: ¿Bolivia está recaudando más porque produce y vende más o porque todo cuesta más?

El diputado ManoloRojas denunció que Lara se habría reunido con Luis Arce durante su visita al penal de San Pedro y cuestionó el cumplimiento de los protocolos. Sin embargo, si existieron irregularidades, las explicaciones no deberían dirigirse únicamente al vicepresidente: Régimen Penitenciario, la Policía y el Ministerio de Gobierno tienen que explicar quién autorizó el ingreso, bajo qué condiciones y quién estaba encargado de hacer cumplir las reglas dentro del recinto.

Desde Guayaramerín, Rodrigo Paz presentó el Plan Fronteras Seguras como parte de una apuesta que va más allá de combatir el crimen organizado. El Presidente sostuvo que “un país seguro es un país donde los bolivianos invierten en su propio territorio” y vinculó esa seguridad con infraestructura, energía, tierra y el desmontaje de un Estado que, según su discurso, durante 20 años acumuló trabas para producir e invertir.

La denuncia contra el gerente general de la Caja Nacional de Salud (CNS), Walter Germán Hoyos Delfín, por un supuesto incremento millonario de sus recursos en pocos meses abre una pregunta que va más allá de la investigación penal: ¿qué debe hacer la Contraloría cuando encuentra indicios de que una declaración jurada de bienes y rentas podría no reflejar la realidad patrimonial de un funcionario?