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El nuevo Terrapuerto de Cochabamba, construido en Albarrancho, no es una terminal municipal: es de carácter privado. La inversión privada supera los $us 30 millones, mientras la Alcaldía asumió con recursos municipales la construcción de vías y un puente de acceso. Dos inversiones, dos competencias y una pregunta que no debería quedar en la puerta: ¿quién gana con este negocio y qué gana Cochabamba?

Cochabamba se prepara para celebrar su aniversario departamental con una particular disputa institucional: Alcaldía y Gobernación tienen agendas y actos propios mientras sus autoridades se disputan el protagonismo de una fecha que debería unir a los cochabambinos. Pero lejos del protocolo, las banderas y la testera oficial, la calle tiene otra prioridad: generar ingresos, sostener el negocio, conseguir trabajo y llevar dinero a casa. Dos gobiernos pueden disputarse un acto; la gente disputa cada día cómo llegar a fin de mes.

Devolver Bs 44.000 no cierra el caso; abre más preguntas. Dos diputados del PDC, Yazmín Guizada y Henry Balderrama, restituyeron el dinero después de ser señalados por un presunto cobro vinculado con la obtención de cargos públicos. Si, como sostienen, no hubo ninguna promesa ni contraprestación y el dinero fue entregado voluntariamente, la explicación debería ser clara. Pero hay otra pregunta que apunta directamente a la Asamblea: ¿por qué la Comisión de Ética no abrió una investigación para establecer qué ocurrió? Y una tercera, todavía más delicada: si se demostrara que hubo dinero a cambio de utilizar el cargo o influencias para conseguir un nombramiento, el hecho podría ser analizado bajo figuras como cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias o tráfico de influencias, sin que eso implique afirmar de antemano que alguno de esos delitos fue cometido.

En los recorridos de CalleBolivia por calles, mercados y lugares de trabajo hay una escena que se repite: la hoja de coca está presente en la jornada de muchos bolivianos y su precio ya supera los Bs 50 por libra en algunas referencias, mientras en Cochabamba este viernes encontramos una cotización de Bs 60. Pero el dato que más llama la atención no está solamente en el precio, sino en la respuesta de los consumidores: pese al encarecimiento, la coca sigue siendo un gasto que muchos trabajadores no están dispuestos a recortar. Un constructor lo resumió sin vueltas: “Puede faltar un almuercito, pero coquita no”.

Rodrigo Paz sacó un chicle cuando en campaña le preguntaron cuál era su visión de país. Diez meses después, el senador Leonardo Roca rescata aquella escena y la convierte en una de las críticas más duras contra el Gobierno: el chicle se acabó, el sabor de la promesa también, y Bolivia sigue esperando respuestas frente al combustible, la economía, el centralismo y la inseguridad. La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿qué quedó de aquella visión de país cuando terminó la campaña?

El acuerdo de Bolivia con el FMI pone al Gobierno de Rodrigo Paz ante una prueba que va mucho más allá de las cifras: reducir el gasto público en 8,5% del PIB en tres años, eliminar progresivamente las subvenciones a los combustibles desde 2027, avanzar hacia un tipo de cambio flexible y contener el déficit exigirá un ajuste fuerte. Pero mientras se habla de austeridad y sacrificio nacional, la creación de nuevas estructuras dentro del propio Ejecutivo abre una pregunta incómoda: ¿el Gobierno realmente entendió que la hoja de ruta comienza por ordenar el Estado o terminará trasladando la mayor parte de la factura a la gente de la calle?

“No nos va a perdonar Dios si no lo hacemos”, afirmó Rodrigo Paz al convocar a Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa a dejar de lado sus diferencias y respaldar una agenda de reformas para Bolivia. El Presidente sostiene que existe una oportunidad histórica en el Legislativo, donde las fuerzas políticas distintas al MAS concentran una amplia mayoría, para aprobar leyes sobre hidrocarburos, minería, medio ambiente e inversiones, además de impulsar cambios a la Constitución.

Bolivia tiene un problema tributario que los números ponen sobre la mesa: una enorme concentración de la recaudación en un grupo muy reducido de contribuyentes. Entre enero y agosto de 2025, PRICO y GRACO representaban apenas el 1,14% del padrón, pero aportaban el 83,47% de la recaudación del mercado interno. La pregunta ya no es solamente cuánto recauda el Estado, sino si puede sostenerse en el tiempo un sistema que depende fiscalmente de tan pocos.

Rubio habló de Colombia. Elogió a Perú, Ecuador y a otros socios de la región. Bolivia no apareció. No es una prueba de que Washington le haya cerrado la puerta a La Paz, pero sí una fotografía incómoda para el Gobierno de Rodrigo Paz: mientras Estados Unidos construye nuevas alianzas en seguridad, energía, minerales críticos y comercio con sus vecinos, Bolivia corre el riesgo de mirar desde la vereda. Para el analista Mauricio Ríos García, esa es precisamente la oportunidad que Paz estaría dejando escapar.

Rodrigo Paz reconoció que depositó su confianza en Fernando Cerimedo y lamentó que esa relación no haya sido correspondida, una admisión que vuelve a poner bajo la lupa el vínculo entre el consultor argentino y el entorno presidencial. Porque cuando existe confianza, la relación deja de ser un simple contacto circunstancial: se comparten decisiones, información y preocupaciones, se dice en la calle. La pregunta que queda ahora sobre la mesa es inevitable: ¿qué sabía Paz de las actividades de Cerimedo y hasta dónde llegó esa confianza?