La aprobación del préstamo de USD 550 millones por parte del Directorio de la CAF –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe– ha sido presentada por el Gobierno como un paso decisivo para recuperar la estabilidad económica del país. Sin embargo, la operación aún carece de información esencial, como la tasa de interés, el plazo, las condiciones contractuales y el tipo de instrumento financiero que se aplicará.
Hasta el momento, el Ministerio de Economía ha destacado que el crédito permitirá cubrir obligaciones financieras inmediatas y mejorar la liquidez estatal, pero no ha revelado los términos que definirán el verdadero costo del préstamo para los bolivianos. La ausencia de estos datos genera inquietud en sectores académicos y técnicos que exigen claridad antes de que la Asamblea Legislativa autorice el endeudamiento.
El economista y docente universitario Andrés Gutiérrez advierte que la falta de información puede traducirse en un impacto silencioso sobre las finanzas públicas: “Si hubo robo, mala administración o déficit oculto, ahora ese costo lo terminará pagando el pueblo”, afirmó. Su preocupación apunta a años de gestión económica marcada por opacidad, ajustes contables y uso discrecional del endeudamiento externo.
La CAF, por su parte, ha presentado este crédito como la primera operación del Programa de Apoyo para la Recuperación Económica (PAREC), un paquete mayor que compromete recursos por hasta USD 3.100 millones entre 2025 y 2030. No obstante, el organismo tampoco ha publicado aún un term sheet, documento clave para conocer la arquitectura financiera del préstamo, sus condiciones de desembolso y sus riesgos asociados.
En un contexto donde Bolivia enfrenta presión fiscal, caída de reservas internacionales y un clima político polarizado, la transparencia en la relación con organismos multilaterales es indispensable. Si bien el financiamiento de la CAF puede aliviar tensiones inmediatas, es fundamental que sus términos se hagan públicos antes de su aprobación legislativa. La ciudadanía necesita saber bajo qué costo y con qué compromisos se busca “restablecer la confianza”, tal como señala el Gobierno.
Bolivia aguarda que, tanto la CAF como el Ministerio de Economía, publiquen la información técnica completa del crédito de USD 550 millones. La transparencia no es solo un gesto institucional: es un deber democrático en un momento donde cada dólar de deuda futura impactará directamente en el bienestar del país.
Redacción central La Paz
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