La denuncia, presentada por la concubina de Arce Mosqueira, incluye acusaciones de agresión física y psicológica, con pericias forenses en curso que podrían consolidar la imputación. La fiscal Jessica R. Echevarría Bravo firmó la orden de aprehensión que faculta a la Policía Boliviana a ejecutar el mandamiento “en cualquier momento”, amparada en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.
Desde el entorno presidencial, la primera reacción llegó del propio Luis Arce, quien buscó marcar distancia: “Mis hijos son mayores de edad y responsables de sus actos. Cualquier denuncia debe investigarse en las instancias correspondientes”, declaró, intentando blindar la gestión de un escándalo que toca fibras sensibles.
El caso no se da en un vacío. Los hijos del mandatario ya habían estado bajo la lupa mediática por denuncias de supuestos favorecimientos en negocios privados y adquisiciones polémicas. Ahora, el proceso por violencia familiar refuerza el escrutinio público y obliga a la Fiscalía a demostrar que la justicia no distingue apellidos.
Redacción central Santa Cruz
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