A través del comunicado CGE/EXT-DC/007/2026, la Contraloría instruye a alcaldes, concejales y demás autoridades municipales cumplir con la entrega completa de información y documentación a las nuevas gestiones. La medida se sustenta en normativa vigente que exige una transición transparente, pero lo novedoso es el énfasis en su cumplimiento efectivo, en un contexto donde históricamente estos procesos han estado marcados por vacíos y conflictos.
Uno de los puntos más contundentes es la obligación de permanecer en territorio nacional durante seis meses después de dejar el cargo. Esta disposición busca evitar la evasión de responsabilidades y garantizar la disponibilidad de las exautoridades ante eventuales requerimientos de auditoría, informes o procesos administrativos.
Además, se refuerza el principio de responsabilidad por la función pública: los exservidores no quedan liberados al dejar el cargo, sino que continúan sujetos a posibles sanciones administrativas, civiles e incluso penales por decisiones asumidas durante su gestión. Este recordatorio apunta directamente a una práctica recurrente en Bolivia, donde el cambio de autoridades muchas veces diluye o retrasa procesos de fiscalización.
En términos políticos e institucionales, el comunicado también funciona como una señal preventiva ante eventuales tensiones en los gobiernos municipales. La Contraloría busca posicionarse como un actor activo en el control de la gestión pública, adelantándose a posibles irregularidades en lugar de actuar únicamente después de los hechos.
Portada composición digital referencial
Por Equipo de redacción
About Author
