La disputa judicial más costosa de la industria cementera boliviana sumó este lunes un nuevo capítulo. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró infundado el recurso de casación presentado por la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) y confirmó el fallo que ordena el pago de Bs 744,3 millones a favor de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa).
La determinación está contenida en el Auto Supremo 1190/2026, emitido el 29 de junio, mediante el cual la Sala Penal del TSJ resolvió rechazar el recurso extraordinario presentado por Soboce contra el Auto de Vista que previamente había ratificado la sentencia de primera instancia.
“La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia (…) declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Sociedad Boliviana de Cemento S.A.”, señala la resolución judicial.
La decisión reviste especial relevancia porque se produce después de que una acción constitucional dejara sin efecto un fallo anterior del propio TSJ. En 2025, el máximo tribunal ya había declarado infundado otro recurso de casación de Soboce mediante el Auto Supremo 059/2025; sin embargo, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió tutela a la empresa cementera a través de un amparo constitucional y ordenó emitir una nueva resolución.
En cumplimiento de esa disposición constitucional, la Sala Penal volvió a analizar el caso y emitió el Auto Supremo 1190/2026, llegando nuevamente a la conclusión de que el recurso planteado por Soboce carece de fundamento jurídico suficiente para modificar el fallo cuestionado.
Con esta nueva resolución, el TSJ ratifica la sentencia que dispone el pago de Bs 744.315.432 en favor de Fancesa, una de las controversias empresariales y judiciales más relevantes de los últimos años en Bolivia.
No obstante, el escenario jurídico aún podría trasladarse al ámbito constitucional. Expertos señalan que, al haber intervenido previamente una Sala Constitucional, cualquier nuevo cuestionamiento deberá concentrarse en la jurisdicción constitucional y eventualmente en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia encargada de definir de manera definitiva las controversias vinculadas a la protección de derechos y garantías constitucionales.
El fallo conocido este lunes fortalece la posición judicial de Fancesa y representa un nuevo revés para Soboce en una disputa que ha marcado la historia reciente del sector cementero boliviano.
Portada Gentileza Correo del Sur
Por Equipo de redacción
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