El director de la OFEP, Pablo Camacho, informó que el Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (COSEEP) aprobó una resolución que obliga a todos los ministerios con tuición sobre empresas estatales a presentar, de manera inmediata, un plan de acción que establezca las medidas a adoptar, la forma de ejecutarlas y los plazos para su implementación.
La decisión responde al diagnóstico de que las empresas públicas acumularon pérdidas por Bs 26.382 millones, recursos que, según Camacho, pudieron destinarse a sectores prioritarios como salud, carreteras y otros servicios en beneficio de la población.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, explicó que la evaluación no busca abrir un debate ideológico, sino tomar decisiones sustentadas en información objetiva. En ese marco, anunció una clasificación de las empresas estatales en tres grupos: las estratégicas que permanecerán bajo administración estatal con procesos de reestructuración; las que pueden recuperarse mediante nuevos mecanismos de gestión; y aquellas que deberán cerrar por seguir consumiendo recursos públicos sin generar beneficios.
Lupo sostuvo que la reforma no solo responde a problemas financieros, sino también de gestión e institucionalidad, por lo que estará basada en resultados, transparencia, sostenibilidad, disciplina financiera y evaluación permanente del desempeño.
Sin embargo, más allá del discurso oficial, en las calles el mensaje se resume en una idea: el Estado ya no puede darse el lujo de mantener empresas públicas que solo generan pérdidas. Para muchos ciudadanos, una empresa estatal no debería existir únicamente por ser pública, sino demostrar que administra eficientemente los recursos y genera utilidades o beneficios concretos para la población.
El anuncio marca un cambio de narrativa. Durante años el éxito del modelo estatal se asoció con la creación de más empresas públicas; ahora el propio Gobierno instala un nuevo criterio: un Estado fuerte no es el que acumula más empresas, sino el que administra mejor su patrimonio y evita que los recursos públicos se conviertan en pérdidas permanentes.
Por Equipo de redacción
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