El incremento de tarifas acordado entre dirigentes del transporte interdepartamental y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) parece haber encontrado un límite en la capacidad de pago de los usuarios.
Durante el último fin de semana, según lo observado en las terminales, la afluencia de pasajeros fue reducida y varias empresas optaron por bajar sus precios para captar viajeros. La situación muestra una diferencia entre la tarifa establecida en una negociación y el precio que los pasajeros están dispuestos o pueden pagar.
La lógica es sencilla: si viajar cuesta más de lo que una familia puede permitirse, el pasajero posterga su viaje, busca alternativas o simplemente se queda en casa. El transportista, mientras tanto, puede encontrarse con buses que salen con asientos vacíos y una recaudación menor a la esperada.
En esas condiciones, una tarifa más alta no necesariamente se traduce en mayores ingresos. El resultado depende también de cuántos pasajeros están dispuestos a pagarla. Si la demanda cae lo suficiente, reducir el precio puede convertirse en una estrategia para recuperar ocupación y evitar pérdidas mayores.
Esto no significa que los costos de operación del transporte deban ignorarse ni que cualquier tarifa sea sostenible. Significa que una decisión tarifaria necesita considerar dos realidades: los gastos de las empresas y la capacidad económica de quienes utilizan el servicio.
El problema aparece cuando las negociaciones se concentran en los costos y las pretensiones del sector, pero dejan en segundo plano el ingreso de los usuarios. Ningún acuerdo puede crear dinero en los bolsillos de los pasajeros.
La experiencia observada este fin de semana plantea, por tanto, una advertencia para la ATT y los dirigentes del transporte: el precio se puede acordar en una mesa, pero la demanda se define en el mercado. Y cuando el bolsillo no alcanza, ni la firma de un convenio ni el porcentaje establecido garantizan que el negocio funcione.
Por Equipo de redacción
