Jubileo tiene su propia visión sobre los cambios que necesita el sistema electoral. Otras organizaciones, universidades, asociaciones de periodistas, colectivos ciudadanos y sectores sociales también pueden tener diagnósticos y propuestas diferentes. Esa diversidad no es un obstáculo: es precisamente lo que una reforma democrática necesita escuchar.
El encuentro internacional previsto para el 11 y 12 de noviembre en Cochabamba puede contribuir a abrir esa discusión. Sin embargo, una iniciativa de una organización, por valiosa que sea, no reemplaza la necesidad de un proceso plural que incorpore distintas perspectivas y permita construir consensos sin borrar las diferencias.
Ahí el Tribunal Supremo Electoral tiene un papel que cumplir. Por su responsabilidad institucional en la administración de los procesos electorales, podría impulsar una consulta nacional, convocar a los distintos actores, habilitar espacios territoriales de deliberación y sistematizar las propuestas para alimentar el debate legislativo.
No se trata de que el TSE imponga una reforma ni de que sustituya las competencias de la Asamblea Legislativa. Se trata de que facilite un proceso abierto, transparente y con reglas de participación equitativas, en el que ninguna organización tenga la exclusividad de la voz ciudadana.
La Asamblea Legislativa tendrá la responsabilidad de debatir y aprobar las normas que correspondan. Pero la calidad de esa legislación también dependerá de las voces escuchadas, de los problemas identificados y del sustento técnico y social de las propuestas que lleguen a sus manos.
Fortalecer la democracia exige algo más que modificar artículos de una ley. Exige que la ciudadanía tenga oportunidades reales de participar en la definición de las reglas con las que elige a sus representantes y controla la legitimidad del sistema.
Por Equipo de redacción
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