El documental, emitido por medios estatales y ampliamente compartido en redes sociales, presenta una cronología de los hechos ocurridos el 26 de junio de 2024, cuando unidades militares ocuparon la plaza Murillo en lo que el gobierno calificó como un intento de golpe de Estado. Más allá de relatar la actuación del general Zúñiga, la pieza audiovisual apunta directamente a figuras civiles como el economista Jaime Dunn —también precandidato presidencial—, el analista Gonzalo Chávez y el abogado Jorge Valda, acusándolos de integrar una supuesta estructura civil paralela que se habría preparado para asumir el poder tras el presunto quiebre institucional.
Las reacciones no tardaron. Dunn calificó el contenido como un “montaje grotesco” y denunció una “cacería de brujas” contra opositores. “No tienen pruebas. Están usando el miedo como herramienta electoral”, sostuvo. Gonzalo Chávez, por su parte, rechazó cualquier vínculo con conspiraciones y acusó al gobierno de manipular la narrativa para encubrir la crisis económica que atraviesa el país. «Intentan reemplazar la falta de gestión con enemigos imaginarios», afirmó.
La tensión escaló con la detención de Valda, aprehendido en Santa Cruz apenas horas después de la difusión del documental. Su familia denunció irregularidades en el procedimiento y ausencia de orden judicial, lo que activó cuestionamientos sobre la legalidad de la acción. Organismos de derechos humanos y analistas locales señalaron que el caso puede constituir un preocupante precedente de persecución política bajo la apariencia de preservar la institucionalidad democrática.
Mientras desde el oficialismo se defiende la producción como una “reconstrucción necesaria de los hechos para evitar el olvido”, sectores opositores sostienen que el documental es parte de una estrategia para criminalizar la disidencia de cara a los comicios de agosto. “El gobierno está sembrando terror entre sus críticos con fines electorales”, afirmó una fuente cercana a la oposición que prefirió mantenerse en reserva.
A este escenario se suma la fragilidad económica del país y una ciudadanía polarizada que ve con creciente desconfianza tanto al oficialismo como a la oposición. El caso del 26J, lejos de aclararse, se ha convertido en una herramienta de disputa política, donde las pruebas siguen sin presentarse ante la opinión pública y el discurso gubernamental se enfrenta a la presión de organismos nacionales e internacionales que exigen garantías al debido proceso y a la libertad de expresión.
En medio de estas tensiones, Bolivia transita un tramo crucial de su calendario político. La narrativa oficial sobre el fallido golpe de Estado puede terminar siendo una de las cartas más fuertes del MAS para cohesionar a su base, pero también un riesgo si no logra sostenerse con evidencias. En un contexto marcado por la incertidumbre, el documental no solo interpela al pasado reciente, sino que podría incidir decisivamente en el rumbo electoral y democrático del país.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló sobre el tema que la Fiscalía emitió cinco órdenes de aprehensión en el marco de las investigaciones por el caso Golpe de Estado Fallido, del pasado 26 de junio de 2024; tres de ellas ya fueron ejecutadas, recalcó sin entrar en detalles a los efectos de considerarse que las investigaciones las realiza el Ministerio Público dentro del marco de sus competencias.
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