La regulación de los juegos de azar en Bolivia es una muestra de cómo la sobrecarga tributaria y la falta de actualización normativa pueden dejar a un sector prácticamente paralizado. A pesar de que la Ley Nº 060 de 2010 creó la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) para ordenar el mercado, en la actualidad solo existe un operador con licencia legal, mientras decenas de casas y salas de juego clandestinas funcionan sin control.
El marco impositivo —30% sobre ingresos brutos por concepto de Impuesto al Juego (IJ) y 15% por el Impuesto a la Participación en Juegos (IPJ)— vuelve inviable la formalización, al punto de que la mayoría de los intentos empresariales se han volcado a la ilegalidad o han desistido. En 2024, la AJ realizó 74 intervenciones y decomisó 468 medios de juego clandestinos, prueba de que el problema no es la falta de demanda, sino la ausencia de reglas viables para atraer inversión formal.
En este escenario, la elección entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge “Tuto” Quiroga abre un debate clave. Paz, con un discurso de descentralización y seguridad jurídica, podría impulsar una reforma moderada: mantener la AJ, pero reducir alícuotas para atraer inversión, modernizar el marco legal y regular modalidades como el juego online. El respaldo de Samuel Doria Medina, quien propone cerrar la AJ, añade presión para flexibilizar el sistema y reactivar el sector.
Quiroga, en cambio, se inclina por una visión liberal y de menor intervención estatal. Su agenda de apertura de mercados sugiere una desregulación más agresiva: limitar el rol de la AJ a una supervisión mínima o incluso apoyar su cierre, apostando por impuestos más bajos y un esquema de competencia que atraiga capital privado.
Ambos coinciden en que el modelo actual es inviable, pero sus rutas difieren. Paz apuesta por reformar y controlar; Quiroga, por liberar y simplificar. La inacción de la Asamblea Legislativa tras la Sentencia Constitucional 0095/2017, que ordenaba revisar la Ley Nº 060, sigue siendo un obstáculo para cualquier transformación.
En conclusión, el 19 de octubre no solo se jugará el futuro político de Bolivia, sino también la posibilidad de que un sector paralizado —con apenas un operador formal y un mercado ilegal dominante— se convierta en una fuente legítima de ingresos y empleo en medio de la crisis económica.
Redaccion central La Paz
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