La Fiscalía investiga a Cruz Taca bajo el Código Penal boliviano y la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, por presuntos delitos de uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Según un informe de la Cámara de Diputados, las operaciones de Botrading habrían generado un daño económico al Estado de US$ 355 millones entre 2023 y 2024.
La aprehensión se sustenta en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, que permite la detención preventiva cuando existe riesgo de fuga o de obstrucción de la investigación. La Fiscalía presentará pruebas en la audiencia de medidas cautelares, incluyendo documentos que vinculan a Cruz Taca con la cesión del 1% de las acciones de Botrading.
En paralelo, el proceso contempla la posibilidad de resarcimiento económico al Estado, con un cálculo preliminar que incluye US$ 56 millones por intermediación, US$ 56,1 millones por sobreprecios y US$ 18 millones por contratos irregulares. La Procuraduría o YPFB podrían iniciar acciones civiles para recuperar los fondos, mientras que la Ley 004 habilita la confiscación de bienes obtenidos ilícitamente.
Dada la operación internacional de Botrading, la Fiscalía ha solicitado cooperación jurídica para investigar a Sandra Otazu, presidenta de la empresa, y rastrear activos fuera de Bolivia, amparándose en tratados bilaterales y el Convenio de Mérida. Además, la Contraloría General del Estado auditará las operaciones para fortalecer las pruebas y cuantificar el daño.
El caso, que también involucra al presidente de YPFB, Armin Dorgathen, se encuentra en etapa inicial y promete definir responsabilidades penales y civiles. La audiencia de Cruz Taca será determinante para el rumbo de esta investigación de alto impacto.
Redacción central La Paz
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