Desde el pleno legislativo, y en medio de un ambiente cargado de cuestionamientos, Medinaceli sostuvo que su cartera cumple únicamente un rol de tuición, es decir, de supervisión posterior, sin intervención en los procesos de contratación, adquisición o negociación con proveedores internacionales.
Apoyado en el artículo 22 de la Ley 3058, el ministro remarcó que YPFB concentra todas las funciones operativas del sector hidrocarburífero, incluida la importación de combustibles y la firma de contratos, mientras que la Agencia Nacional de Hidrocarburos ejerce la regulación y fiscalización.
El punto más sensible del informe giró en torno a los contratos observados. Medinaceli explicó que estos se originaron en una gestión anterior y que su continuidad durante 2025 respondió a la necesidad de garantizar el abastecimiento de gasolina y diésel en un contexto crítico, marcado por una deuda que supera los 900 millones de dólares con proveedores externos.
Según su versión, suspender dichos contratos habría expuesto al Estado a conflictos legales internacionales, lo que obligó a mantenerlos bajo lo que denominó “Proceso 1”. En paralelo, indicó que en diciembre de 2025 se inició un “Proceso 2”, del cual —según reportes de YPFB— no se registraban contratos vigentes hasta febrero de 2026.
Otro elemento que generó atención en la sesión fue el mecanismo de contratación. De acuerdo con los informes presentados, YPFB invitó a más de 115 empresas bajo la modalidad de invitación directa, una figura contemplada en la normativa vigente, y adjudicó contratos en función de condiciones económicas consideradas más favorables.
Frente a las denuncias de presuntos sobreprecios, el ministro pidió contextualizar los valores en función de la volatilidad del mercado internacional del petróleo, señalando que comparar precios entre distintos periodos sin considerar estas variaciones puede conducir a conclusiones erróneas.
No obstante, y en un tono más cauto hacia el final de su intervención, Medinaceli informó que el Ministerio solicitó informes detallados a YPFB y pidió a instancias competentes investigar los contratos, adendas y procesos de importación, en un intento por esclarecer los hechos y resguardar los intereses del Estado.
Por Equipo de redacción
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