Mar. Oct 13th, 2026

Urioste quiere cerrar la polémica, pero la credibilidad de su elección está en manos de la Fiscalía

El fiscal general interino, José Armando Urioste, dio por cerrada la polémica sobre quién impulsó su candidatura y negó que se hubiera pagado dinero para llegar al cargo. Sin embargo, una conferencia de prensa no basta para despejar las dudas que rodearon su elección. La mejor manera de pasar la página será demostrar, con investigaciones sólidas, imputaciones debidamente fundamentadas y casos esclarecidos, que el Ministerio Público actúa con independencia y no responde a intereses políticos o empresariales.

La polémica puede cerrarse en el discurso, pero la credibilidad se construye con hechos. Urioste decidió dar por concluida la controversia sobre el origen de su candidatura. Su posición es clara: no quiere seguir alimentando un debate que considera superado.

El problema es que el proceso de elección no depende únicamente de la voluntad del fiscal de cerrar el asunto. La discusión surgió a partir de versiones sobre cómo llegó su nombre a la Asamblea Legislativa. Mientras Urioste relató que un empresario le pidió su currículum, el presidente del Senado, Diego Ávila, afirmó que el mandatario Rodrigo Paz le sugirió el nombre del actual fiscal interino.

Estas versiones no demuestran, por sí solas, que hubiera un pago, un acuerdo irregular o una intervención indebida. Tampoco corresponde convertir las sospechas en hechos probados. Pero la ausencia de pruebas sobre un eventual pago no elimina automáticamente las preguntas sobre cómo se construyó su candidatura.

Urioste tiene ahora una oportunidad para despejar las dudas desde el ejercicio de sus funciones. No necesita prolongar indefinidamente la polémica ni responder una y otra vez sobre su elección. Necesita demostrar que las decisiones de la Fiscalía se sostienen en pruebas, fundamentos jurídicos y procedimientos transparentes.

La primera señal debe estar en la calidad de las imputaciones, el avance de las investigaciones y el esclarecimiento de los casos pendientes. Una imputación no puede convertirse en una herramienta de presión política ni una investigación puede cerrarse para favorecer a alguien. Cada decisión debe responder a los elementos de convicción y al cumplimiento de la ley.

La independencia del Ministerio Público también se medirá cuando las investigaciones involucren a personas con poder político o económico. Allí, más que en los discursos, se podrá observar si existe autonomía real, sin privilegios ni persecuciones.

Pasar la página no significa borrar las dudas, sino producir hechos que permitan superarlas, según analistas en derecho. Si Urioste consigue que las investigaciones avancen con rigor, que las imputaciones estén debidamente fundamentadas y que los casos se esclarezcan sin interferencias, podrá construir la credibilidad que hoy necesita la Fiscalía.

De lo contrario, la polémica sobre su elección seguirá acompañando su gestión. Porque el cierre de una controversia puede anunciarse en una conferencia de prensa, pero la confianza pública solo se recupera con resultados.

Por Equipo de redacción

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