Día: 19 de octubre de 2026

La crisis de Boliviana de Aviación (BoA) suma una nueva señal de alarma. Sus trabajadores se declararon en estado de emergencia y advirtieron sobre problemas operativos y financieros que, según su pronunciamiento, afectan la disponibilidad de aeronaves, los programas de mantenimiento y la estabilidad laboral. El reclamo apunta también al funcionamiento del Directorio, cuya falta de reuniones y respuesta a las solicitudes de audiencia impide, sostienen, encontrar soluciones oportunas.

El analista Manuel Rodríguez considera que es un buen paso que el directorio nacional del RUAT incluya en su agenda el problema tributario que afecta a personas que vendieron sus vehículos, pero siguen figurando como titulares en los registros municipales porque los compradores no formalizaron la transferencia. Esta situación puede provocar que los antiguos propietarios acumulen obligaciones tributarias e incluso enfrenten medidas de cobro por motorizados que ya no poseen. La reunión prevista en Santa Cruz abre la oportunidad de uniformar los procedimientos administrativos y evitar que cada municipio aplique reglas distintas para resolver un mismo problema. El desafío es que la coordinación se traduzca en soluciones concretas para los ciudadanos.

La política boliviana parece haberse metido en una novela de ciencia ficción: cada tres o cuatro días aparece un audio, una supuesta conversación y un nuevo capítulo que salpica al poder. Esta vez, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, respondió con ironía: “Faltaba que esté Rambo y los Power Rangers en este operativo”. Tiene razón al llamar chacota a un relato que, hasta ahora, no cuenta con evidencia pública concluyente que respalde los hechos descritos. Pero hay una paradoja: mientras los audios circulan, las instancias llamadas a establecer su autenticidad no ofrecen una respuesta técnica que permita separar la ficción política de los hechos verificables.

La posesión de los nueve fiscales departamentales abre una nueva etapa en el Ministerio Público, golpeado por una crisis de confianza que no se resuelve con cambios de autoridades. El fiscal general interino, José Armando Urioste Viera, tiene ahora el desafío de convertir la renovación en resultados y demostrar que la justicia no se inclina ante el poder político, económico ni ante los apellidos de quienes deben responder ante la ley.