Cambiar nombres es una decisión administrativa. Recuperar la credibilidad de la Fiscalía es una tarea mucho más difícil: exige independencia, transparencia y decisiones que puedan sostenerse ante la ley y ante la sociedad.
La designación de los nueve fiscales departamentales se produce en un momento delicado para el Ministerio Público, después de la salida de Roger Mariaca, quien afronta investigaciones penales. Este contexto obliga a las nuevas autoridades a demostrar que la institución puede corregir sus debilidades sin convertir la renovación en una disputa por el control político de la justicia.
El primer desafío será mostrar que los casos se investigan con el mismo rigor, sin privilegios para los poderosos ni persecución contra quienes resulten incómodos. Cada decisión fiscal deberá estar respaldada por elementos de convicción, fundamentos jurídicos y respeto al debido proceso.
También será necesario conocer los criterios que orientaron las designaciones, los antecedentes profesionales de los elegidos y los mecanismos para evaluar su desempeño. La transparencia no puede limitarse al anuncio de nuevos responsables: debe alcanzar a la forma en que ejercen sus funciones.
La ciudadanía no necesita una Fiscalía alineada con el Gobierno de turno, sino una institución capaz de investigar al poder sin pedirle permiso y de actuar contra cualquier ciudadano cuando existan fundamentos legales para hacerlo.
La prueba llegará con los expedientes, las imputaciones, los sobreseimientos y las decisiones que adopten las nuevas autoridades. Allí se verá si existe un cambio real o solamente una sustitución de nombres.
Porque la independencia del Ministerio Público no se demuestra en una ceremonia de posesión. Se demuestra cuando la ley alcanza a quien tiene poder, influencia o dinero, con las mismas garantías y exigencias que corresponden a cualquier persona.
Por Equipo de redacción
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