La afirmación de Oviedo merece atención por su propio peso institucional, más allá de las declaraciones del vicepresidente Edmand Lara sobre supuestos problemas de visa de algunos ministros. Es el titular de Gobierno quien comunica cuál es la información que maneja el Ejecutivo sobre la situación de los integrantes del gabinete presidencial.
Oviedo sostuvo a Erbol que no tiene conocimiento de restricciones estadounidenses contra sus colegas y mencionó que él mismo viajó recientemente a Estados Unidos sin inconvenientes. Sin embargo, su experiencia personal no acredita la situación migratoria de los demás miembros del gabinete.
Aquí está la diferencia que importa: que el Gobierno boliviano no haya recibido una notificación de Washington no significa necesariamente que Estados Unidos no haya adoptado alguna decisión. No tener conocimiento de una restricción no equivale a confirmar que no existe.
También hay que poner algo en claro: Estados Unidos tiene la potestad soberana de decidir a quién concede, niega o revoca una visa. Es una atribución de su política migratoria y exterior. Estas decisiones, además, no siempre responden exclusivamente a criterios administrativos; pueden tener una dimensión política y diplomática.
Bolivia puede solicitar explicaciones por los canales correspondientes, pero no imponer decisiones a Washington. La decisión final sobre el ingreso a territorio estadounidense corresponde a sus autoridades.
El antecedente tampoco es menor. Estados Unidos ya anunció restricciones migratorias contra ciudadanos bolivianos, entre ellos autoridades y exautoridades vinculadas al ámbito judicial y político. Por tanto, la pregunta sobre la situación de los funcionarios del actual Gobierno no puede despacharse únicamente con una declaración general.
Lo que corresponde es distinguir los planos: no hay elementos para afirmar que algún ministro del gabinete de Paz tenga su visa restringida, pero tampoco una confirmación estadounidense que permita asegurar que todos están libres de medidas migratorias.
La Cancillería puede procurar información por los canales diplomáticos. Y el Gobierno debe precisar si su afirmación responde a una verificación de la situación de cada ministro o simplemente a la ausencia de comunicaciones oficiales.
No se trata de alimentar especulaciones ni de convertir una decisión migratoria en una prueba de culpabilidad. Una restricción de visa no es una sentencia judicial. Pero tampoco es un asunto irrelevante cuando involucra a autoridades de un Estado.
Portada composición digital referencial
Por Equipo de redacción
About Author
