La primera Constitución boliviana nació en 1826, en una República que apenas comenzaba a organizarse. Fue redactada sobre la base del proyecto de Simón Bolívar, aprobada por el Congreso Constituyente y promulgada por el mariscal Antonio José de Sucre. Aquel documento definió la arquitectura inicial del Estado y estableció las primeras reglas para organizar el poder político.
Doscientos años después, el aniversario adquiere una dimensión institucional y política. Por primera vez, el 19 de noviembre se conmemora oficialmente el Día Nacional de la Constitución Política del Estado, establecido mediante la Ley 1789, promulgada el pasado 30 de octubre.
Paz aprovechó la ocasión para plantear una narrativa de ruptura con la confrontación política. «Es el tiempo de la democracia verdadera y del respeto de la ley», afirmó. Luego insistió en el reencuentro, la reconciliación y la unidad como condiciones para avanzar hacia una «Patria que produce».
No es un discurso menor. El presidente está vinculando la recuperación democrática con la posibilidad de reconstruir la economía. El razonamiento es que sin reglas claras, instituciones confiables y estabilidad política difícilmente habrá condiciones para producir, invertir y generar empleo.
Sin embargo, la expresión «democracia verdadera» también contiene una lectura política: supone que la democracia pudo haber sido desnaturalizada. Es una crítica implícita al ciclo anterior, aunque el mandatario no haya señalado directamente a sus responsables.
Pero el aniversario invita a mirar más allá de las diferencias entre gobiernos. La historia constitucional boliviana demuestra que aprobar una Constitución no garantiza su cumplimiento. La primera carta fundamental, por ejemplo, contemplaba una Presidencia vitalicia, una muestra de las tensiones que acompañaron desde el nacimiento de la República la relación entre institucionalidad y concentración del poder.
La Constitución vigente, aprobada en 2009, tampoco está exenta de desafíos. Su cumplimiento exige independencia de poderes, justicia imparcial, respeto a los derechos fundamentales y autoridades sometidas a los límites que establece la ley.
Por eso, el mensaje de Paz también debe convertirse en una exigencia para su propia administración. La reconciliación no puede significar silencio frente a los abusos; la unidad no puede confundirse con obediencia política y la democracia no puede reducirse a ganar elecciones.
Una economía que produzca necesita algo más que discursos de unidad: necesita seguridad jurídica, confianza institucional y reglas previsibles para todos.
Por Equipo de redacción
