Sáb. Nov 21st, 2026

Santa Cruz: las denuncias contra sus autoridades no deben opacar su espíritu emprendedor

Las investigaciones contra exautoridades fiscales y judiciales vinculadas a Santa Cruz colocan bajo la lupa a figuras que ocuparon posiciones estratégicas en el Estado. Pero una cosa es la responsabilidad que deben esclarecer los investigados y otra, muy distinta, el espíritu de una región que ha hecho del trabajo, la producción y el emprendimiento una de sus principales fortalezas. La justicia debe llegar hasta donde conduzcan las pruebas, sin convertir las acusaciones individuales en una sombra sobre toda una sociedad.

Santa Cruz vuelve a aparecer en el centro de una trama de denuncias que involucra a exautoridades de alto rango. Entre los nombres que han tomado relevancia están el exfiscal general Róger Mariaca y el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, además de otros operadores del sistema judicial.

La dimensión institucional de estos casos es evidente. Quienes ocuparon cargos de poder tienen la obligación de responder por sus actos y explicar cualquier señalamiento que los involucre. Las investigaciones deben avanzar con independencia, pruebas verificables y respeto al debido proceso. Una denuncia no es una sentencia, pero tampoco puede quedar sepultada por la jerarquía de quien es investigado.

Sin embargo, el ruido judicial no debe distorsionar la imagen de Santa Cruz. El departamento se ha caracterizado por una cultura de trabajo, iniciativa privada, producción y apoyo a los emprendimientos. Miles de familias, pequeños negocios, productores y empresas construyen diariamente una economía que trasciende a sus autoridades de turno.

Esa fuerza productiva no puede quedar asociada a las conductas que se atribuyen a determinados funcionarios. La responsabilidad penal es individual y debe establecerse en los tribunales, no trasladarse a una región ni a su población.

Tampoco sería justo que el debate se convierta en una defensa automática de los acusados por el solo hecho de ser cruceños. La mejor defensa de Santa Cruz es precisamente exigir que la justicia funcione, que las instituciones no sean utilizadas para proteger intereses particulares y que quienes hayan cometido delitos respondan ante la ley.

La transparencia judicial fortalece el desarrollo. Un entorno donde las reglas se cumplen, los negocios pueden operar sin extorsión y las autoridades rinden cuentas ofrece mejores condiciones para invertir, generar empleo y emprender.

Santa Cruz no necesita cargar con las denuncias que involucran a algunos de sus representantes. Su mayor capital está en la gente que trabaja, produce y apuesta por el futuro.

Por Equipo de redacción

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