El acuerdo fue alcanzado tras una reunión sostenida este martes entre representantes del Gobierno, encabezados por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, y la dirigencia de la CEPB. Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la necesidad de revisar la disposición con el objetivo de encontrar soluciones equilibradas que no perjudiquen al sector privado ni debiliten el control estatal frente a la especulación y el contrabando. Flores destacó el compromiso del Gobierno de construir consensos que garanticen seguridad jurídica para los actores económicos del país.
Sin embargo, el acuerdo temporal no logró calmar del todo el malestar de otros gremios empresariales. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) mantienen su rechazo a la disposición, argumentando que vulnera principios fundamentales de la propiedad privada y crea un clima de incertidumbre para las inversiones.
El ministro Flores expresó su esperanza de que la CEPB actúe como un puente para acercar posiciones entre el Gobierno y los sectores en conflicto. Asimismo, hizo un llamado a la CAO, Caneb y CNI para que participen en nuevas mesas de diálogo, resaltando la importancia de la cooperación público-privada para fortalecer la economía nacional. Según el ministro, la concertación de políticas que equilibren el control estatal y el respeto a la propiedad privada es clave para la estabilidad económica y social de Bolivia.
Por su parte, la dirigencia empresarial ha manifestado su disposición a continuar el diálogo, pero insiste en la necesidad de garantías más sólidas que disipen cualquier intento de medidas que consideren arbitrarias. Mientras se mantiene la suspensión temporal de la disposición, el debate en torno a la seguridad jurídica y la intervención estatal en la economía seguirá marcando la agenda pública en las próximas semanas.
Redaccion central
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