El nuevo decreto establece que los contribuyentes solo podrán compensar el IUE con el IT si efectúan el pago del IUE dentro del plazo establecido. De esta manera, el gobierno condiciona este beneficio al cumplimiento estricto de los plazos, lo que refleja una estrategia para mejorar la recaudación fiscal. Este enfoque responde a la necesidad del Estado de garantizar recursos inmediatos, especialmente en un contexto de presiones económicas y fiscales, donde el flujo de caja es crucial para el sostenimiento de los programas del gobierno.
Por otro lado, el decreto también ofrece la posibilidad de acogerse a facilidades de pago de hasta 30 meses para aquellos contribuyentes que no cuenten con la liquidez necesaria para pagar el IUE en su totalidad. Sin embargo, la compensación solo podrá aplicarse sobre las cuotas pagadas hasta la fecha de vencimiento, lo que limita la flexibilidad de las empresas y podría generar tensiones en la planificación tributaria de pequeños y medianos contribuyentes.
En este contexto, el gobierno defiende la medida como una estrategia para incentivar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales, asegurando que no se elimina la compensación, sino que se establece una condicionalidad para garantizar la recaudación en tiempos críticos. No obstante, sectores empresariales y expertos tributarios temen que la nueva normativa incremente la presión sobre las empresas, especialmente aquellas con menos capacidad financiera, afectando su sostenibilidad a largo plazo.
Expertos en tributación señalan que el sistema impositivo de Bolivia presenta características que dificultan el desarrollo de incentivos fiscales efectivos, y más bien podría interpretarse como una «estrangulación impositiva». Esto se debe, en gran parte, a la alta carga tributaria que enfrentan tanto las empresas como los individuos, junto con una estructura de cumplimiento fiscal bastante rígida y a menudo percibida como punitiva.
Redaccion central
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