La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó la conformación de una comisión especial que investigará presuntas irregularidades en la importación de combustibles por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La indagación se centrará en denuncias relacionadas con la empresa Botrading, señalada en redes sociales por posibles sobreprecios. La comisión, integrada por legisladores de distintas bancadas, tendrá un plazo de 60 días para esclarecer los hechos. El presidente de Diputados, Omar Yujra, afirmó que el objetivo es alcanzar la verdad y disipar cualquier duda sobre el proceso de compra.
La comisión especial estará conformada por diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, en un intento por garantizar imparcialidad en la investigación. Entre los miembros titulares figuran José Luis Flores Colquillo, Miriam Martínez y Lidia Tupa del MAS; Carlos Alarcón y Enrique Urquiri de CC; y Edwin Bazán de Creemos. Como suplentes fueron designados Freddy Velázquez, Blanca Magalí López y Vicente Condori del MAS; Samantha Nogales y María Elena Pachacute de CC; y Rosa Tatiana Áñez de Creemos. Esta diversidad política busca dotar de mayor credibilidad al proceso.
Según Yujra, la conformación de la comisión responde a la necesidad de esclarecer rumores y denuncias que han circulado en redes sociales sobre presuntos sobreprecios en la compra de combustibles. Para ello, los legisladores deberán trabajar de manera permanente y sin restricciones de horario. Su labor incluirá la revisión de documentos, reuniones con autoridades y entrevistas con actores clave del sector. Además, se espera que accedan a información detallada sobre los contratos y procedimientos administrativos.
El plazo de 60 días establece una presión significativa sobre la comisión para obtener resultados concretos. Durante este tiempo, los diputados deberán presentar avances periódicos y garantizar que la investigación se realice con total transparencia. En caso de hallarse irregularidades, el informe final podría derivar en acciones legales contra los responsables. Con este proceso, la Asamblea Legislativa busca fortalecer la confianza en la gestión de recursos estatales y evitar posibles actos de corrupción en el sector energético.
Redacción central
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