En un episodio que sacude los pilares del sistema judicial de Bolivia, el juez de Coroico, Marcelo Fernando Lea Plaza, ha solicitado ingresar al programa de testigos protegidos tras denunciar amenazas graves en su contra. El caso gira en torno a la suspensión de la credencial de la magistrada Fanny Coaquira, una decisión que, según un audio filtrado, habría sido inducida por el entonces ministro de Justicia, César Siles.
La grabación, cuya autenticidad aún no ha sido peritada, revela supuestas instrucciones de Siles para ejecutar la destitución, asegurando protección legal a cambio. Pese a que la renuncia de Siles se produjo antes de la difusión del audio, el hecho ha generado una crisis política y judicial. La oposición, encabezada por figuras como el diputado José Ormachea, ha exigido un peritaje internacional, mientras se multiplican los llamados a salvaguardar la independencia del Poder Judicial.
Zuleika Lanza, abogada del juez, denunció que su defendido ha sido impedido de declarar formalmente y que su vida corre riesgo. La petición de Lea Plaza para convertirse en testigo protegido sugiere que estaría dispuesto a revelar detalles de una presunta red de injerencia gubernamental en la estructura del Tribunal Supremo de Justicia, justo en un momento crucial en el camino hacia las elecciones nacionales de 2025.
Este escándalo amenaza con erosionar aún más la confianza ciudadana en la justicia boliviana, intensificando el clima de polarización política. La ciudadanía se pregunta: ¿es Lea Plaza un instrumento del poder o un testigo clave dispuesto a desenmascararlo? Las próximas semanas podrían marcar un antes y un después en la arquitectura del poder judicial en Bolivia.
Redacción central
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