Una nueva crisis política y judicial sacude a Bolivia tras la divulgación de una filtración que apunta a un supuesto soborno en el seno del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El caso involucra al magistrado René Yvan Espada Navia, a quien se acusa de haber recibido 50.000 dólares en criptomonedas a cambio de redactar una sentencia que terminó bloqueando la candidatura presidencial de Evo Morales para las elecciones de octubre.
La información, publicada este sábado por el medio independiente Diario Red, sostiene que el exministro de Justicia César Siles habría enviado un borrador de la sentencia al magistrado, seguido días después por una transferencia en la criptomoneda USDT a través de la plataforma Binance. El fallo, emitido oficialmente el 14 de mayo, prohibió la reelección tanto continua como discontinua, afectando directamente al expresidente Morales.
Morales, desde su encierro n el trópico, reaccionó con dureza en sus redes sociales: “El magistrado Iván Espada fue sobornado para proscribirnos. No fue con dinero en efectivo. Fue en criptoactivos entregados por el exministro César Siles. Una modalidad difícil de rastrear, cada vez más usada en operaciones ilícitas”. El exmandatario calificó el hecho como “otro escándalo más” que confirma la existencia de “presiones políticas, redes de corrupción y manipulación judicial al más alto nivel”.
El TCP no ha emitido declaraciones oficiales, y el Gobierno de Luis Arce, guarda silencio mientras crecen las presiones para abrir una investigación formal. De comprobarse la autenticidad de las conversaciones y las transferencias, el caso podría representar uno de los episodios más graves de cooptación judicial en la historia reciente del país andino.
La sentencia 007/2025 fue ampliamente criticada por sectores que vieron en ella un “fallo a medida” para neutralizar a Morales, cuyo liderazgo aún despierta adhesión en sectores rurales y populares. Pero también fue celebrada por opositores y actores cívicos como un paso hacia la recuperación del principio de alternancia democrática, en un país donde Morales intentó reelegirse en 2019 pese a haber perdido un referéndum que le impedía un nuevo mandato.
La filtración añade un componente tecnológico inédito: el uso de criptoactivos para pagos presuntamente ilícitos, lo que plantea nuevas dificultades para las autoridades fiscales y judiciales en un sistema aún no preparado para auditar operaciones digitales complejas. Bolivia, a diferencia de otros países latinoamericanos, carece de legislación específica sobre el uso de criptomonedas en la función pública.
El magistrado Espada forma parte de un grupo de autoridades judiciales cuya gestión fue prorrogada por la Asamblea Legislativa Plurinacional tras la postergación indefinida de las elecciones judiciales en 2023. Esa situación ha sido denunciada por organizaciones como Human Rights Watch y la CIDH, que cuestionan la falta de independencia judicial en Bolivia.
“Si un magistrado autoprorrogado puede vender una sentencia por criptomonedas, entonces debemos preguntarnos con toda seriedad: ¿quién decide hoy el rumbo democrático de Bolivia?”, cuestionó Morales.
Mientras tanto, el calendario electoral avanza sin uno de sus protagonistas históricos, además de controvertido y el sistema institucional boliviano se adentra en una nueva zona de turbulencias. El país sigue atrapado en la paradoja de un oficialismo dividido que se acusa mutuamente de traicionar la democracia que ambos dicen defender.
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