El portavoz de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, Edwin Alvarado, confirmó que siguen recibiendo testimonios y pruebas que apuntan a una docena de sacerdotes ya fallecidos y describen un mecanismo institucionalizado de ocultamiento.
“Estamos hablando de cientos de casos. Estimamos que el número real de víctimas podría acercarse al medio millar, y lo que se conoció hasta ahora es apenas la superficie de un iceberg”, señaló.
La sentencia leída esta semana en Cochabamba contra Alaix y Recolons incluyó un expediente de más de 800 páginas, con testimonios de víctimas y documentos internos de la orden jesuita. Ahora, el juez ha instruido a la Fiscalía ampliar la investigación a otros responsables, lo que configura un escenario inédito: que la justicia boliviana procese no solo a los abusadores, sino a quienes durante décadas garantizaron el silencio.
La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes convocó para este viernes a una concentración en la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba, donde se leerá íntegramente la sentencia. Allí esperan dar voz a más sobrevivientes y anunciar formalmente la preparación de nuevas denuncias.
Más allá de la condena simbólica de un año a los octogenarios religiosos españoles —que probablemente no ingresen en prisión—, lo que está en juego ahora es la posibilidad de desarticular un entramado de encubrimiento que habría operado en colegios, internados y parroquias de varias regiones de Bolivia.
“Este es solo el comienzo”, subraya la Comunidad, que pide a más víctimas y testigos romper el silencio y sumarse a la lucha por la verdad y la justicia.
Redacción central
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