El exministro de Gobierno regresó deportado desde Estados Unidos, donde cumplió casi seis años por lavado de dinero y sobornos en la compra de gases lacrimógenos. Apenas tocó suelo boliviano, pasó a custodia policial y debía enfrentar audiencia por el caso “gases Brasil”; sin embargo, el trámite fue suspendido. Fue entonces cuando lanzó su frase más polémica: “feliz de estar en Bolivia para ver el entierro del MAS”.
Ese breve mensaje encierra una doble intención. Por un lado, mantiene su perfil de opositor frontal y busca proyectarse como voz política incluso desde la celda. Por otro, coloca presión simbólica sobre un MAS dividido, en medio de disputas internas que ya desgastan al oficialismo.
Sin embargo, para las víctimas de Sacaba y Senkata —las masacres ocurridas en 2019 bajo su mando—, escuchar a Murillo hablar de “felicidad” al pisar suelo boliviano es una provocación dolorosa. Representa el recuerdo vivo de un ministro que, en nombre del orden, justificó la represión con saldo de muertos y heridos.
El trasfondo es más complejo: Bolivia no solo recibe de vuelta a un exministro deportado, sino a un caso de prueba para la credibilidad del sistema judicial. Si la justicia se limita a procesos dilatados o a fallos simbólicos, Murillo podría transformarse en un ícono de impunidad. Si, en cambio, avanza con consistencia, será una oportunidad para demostrar que las heridas del pasado pueden empezar a cerrarse con verdad y sanción.
En el fondo, la frase de Murillo no fue casual: no buscaba tanto la ovación de un sector opositor como reinstalar su nombre en la arena política y tensionar la memoria de un país que aún no resuelve cómo juzgar a sus propios fantasmas.
Redacción central La Paz
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