Mié. Ago 19th, 2026

Evo Morales justifica el operativo del Hotel Las Américas, pero la verdad judicial sigue pendiente

Quince años después del asalto al Hotel Las Américas, el episodio sigue siendo una herida abierta en la memoria boliviana. Evo Morales lo defiende como un operativo necesario para frenar un plan separatista, pero para la oposición y organismos internacionales persiste la sombra de ejecuciones extrajudiciales y una verdad judicial que nunca se estableció de manera independiente.

El expresidente Evo Morales volvió a defender este domingo el asalto policial al Hotel Las Américas, en Santa Cruz, ocurrido el 16 de abril de 2009, cuando murieron Eduardo Rózsa-Flores, Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer, y fueron detenidos Mario Tadic y Elöd Tóásó. Morales aseguró que aquella acción respondió a un plan separatista que amenazaba la unidad del país.

Sus declaraciones surgen en medio del anuncio del candidato Jorge “Tuto” Quiroga y la bancada de la alianza Libre, que presentaron una proposición acusatoria contra el exmandatario para que sea sometido a un juicio de responsabilidades en la nueva Asamblea Legislativa, escenario en el que el MAS ya no tendrá representación.

Pese a la narrativa oficial de entonces, el caso nunca fue esclarecido por la justicia boliviana de manera independiente. El proceso estuvo marcado por irregularidades: pruebas cuestionadas, detenciones prolongadas y un juicio que terminó extinguiéndose sin sentencia. Esa incapacidad judicial alimentó las sospechas de que hubo ejecuciones extrajudiciales y un uso político del operativo para desarticular a la oposición regional.

La falta de verdad también trascendió las fronteras. El Caso 13.546 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apunta a que el Estado boliviano incurrió en violaciones graves: derecho a la vida, tortura y ausencia de debido proceso. El tema sigue bajo la lupa de la Corte IDH y podría derivar en un fallo internacional.

Mientras Morales insiste en que se trató de una acción para preservar la unidad nacional, sectores políticos y de derechos humanos recuerdan que, más de 15 años después, el país sigue sin una versión judicial creíble. Esa deuda de justicia explica por qué el episodio vuelve al centro del debate, ahora con un escenario legislativo adverso para el exmandatario y con la posibilidad real de que un juicio de responsabilidades se concrete.

Redacción central La Paz

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