La acción legal fue interpuesta el pasado 29 de agosto y relata que la relación entre Lafuente y el presidente se habría iniciado en 2023, fruto de la cual nació un hijo en noviembre de 2024. Según el testimonio de la denunciante, Arce se negó a reconocer la paternidad y rechazó someterse a una prueba de ADN, pese a su disposición a realizarla.
En la denuncia también se señala que la mujer enfrentó obstáculos para comunicarse con el mandatario y que incluso fue bloqueada en redes sociales. Ante esa situación, solicitó medidas de protección para evitar acercamientos del jefe de Estado a su domicilio, trabajo o familiares.
La Fiscalía Departamental de Cochabamba admitió la denuncia y ahora deberá evaluar la apertura de una investigación formal. Sin embargo, hasta el momento no hay pronunciamiento oficial del presidente Arce, ni del Ministerio de la Presidencia, ni de la propia institución fiscal.
Brenda Lafuente ejerció el cargo de directora de la AJAM en 2021, nombramiento que en su momento estuvo rodeado de cuestionamientos por falta de experiencia en el sector minero. Su denuncia, en este contexto, adquiere un carácter político sensible en un año en que el oficialismo parece no tener un futuro.
El caso queda en manos del Ministerio Público, cuya independencia ha sido objeto de debate en Bolivia, y marcará un nuevo capítulo en la agenda política y mediática del país cercano al balotaje de la segunda vuelta presidencial.
Redacción central La Paz y agencias
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