La renuncia del gerente de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, el pasado 25 de agosto de 2025, ha encendido las alarmas en todo el país. Los docentes universitarios denuncian que la administración de los fondos de pensiones se ha convertido en un instrumento fiscal del gobierno de Luis Arce, poniendo en riesgo la jubilación de millones de bolivianos.
En un pronunciamiento categórico, la Confederación Universitaria de Docentes (FUD) señala que la Gestora destinó más de 8.700 millones de dólares de los ahorros de los trabajadores al financiamiento estatal, lo que representa alrededor del 35% del fondo de pensiones. Estos recursos fueron canalizados a través de bonos soberanos y operaciones de corto plazo, algunas de las cuales generaron costos financieros elevados, como los 89 millones de dólares en una sola transacción. Según los docentes, este manejo refleja una subordinación de las necesidades previsionales a la urgencia fiscal del gobierno, lo que expone a 2.771.442 asegurados a riesgos innecesarios en plena crisis económica.
Si bien la Gestora reportó un incremento patrimonial del 20% y utilidades por 127 millones de bolivianos hasta julio de 2025, las dudas sobre su gestión no se disipan. Persisten cuestionamientos sobre los préstamos a empresas estatales y la millonaria indemnización derivada de la compra de un software en 2017. La renuncia del gerente, justificada por motivos personales, fue interpretada como una salida que evita el escrutinio público y deja un vacío de confianza que agrava la incertidumbre sobre el futuro de los fondos de pensiones.
En respuesta, los docentes universitarios exigen una auditoría especial sobre el manejo de los 8.700 millones de dólares, responsabilidad penal y civil para los funcionarios involucrados, una reforma estructural del sistema previsional para blindar los fondos frente a interferencias políticas, y la incorporación de representantes del sector docente en el directorio de la Gestora.
“Los fondos de pensiones son el esfuerzo de generaciones, no un recurso del gobierno”, advierte el documento, que llama al pueblo boliviano a mantenerse en alerta. Para los docentes, el futuro de millones de jubilados depende de recuperar la confianza en la gestión de sus ahorros y de garantizar que no se prioricen necesidades fiscales sobre la seguridad de las pensiones.
Redacción central Cochabamba
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