La polémica por el gasto estatal en comunicación volvió al centro del debate luego de que el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, denunciara que varias unidades de comunicación tienen más presupuesto que las unidades técnicas especializadas de ciertos ministerios. La afirmación generó una ola de análisis, especialmente de expertos en comunicación pública que ven en ese desequilibrio una distorsión profunda de las prioridades del Estado.
El comunicador Roger Sánchez fue categórico: “Las unidades de comunicación se han convertido en carteras de regalos y de publicidad para los medios estatales y afines a la línea política”. Según sostiene, estas oficinas dejaron hace mucho de cumplir con una función institucional orientada a facilitar información pública y garantizar transparencia. En su lugar, operan —dice— como brazos propagandísticos destinados a fortalecer narrativas políticas y premiar a medios afines mediante contratos, servicios y difusión pagada.
La crítica toma mayor relevancia en momentos en que el Gobierno anunció una reformulación del Presupuesto 2026, revisión “línea por línea” de las partidas y un ajuste que, según Espinoza, buscará eliminar “inconsistencias” en el gasto público. El ministro admitió que algunos de sus colegas “van a patalear un poco”, al anticipar resistencias internas frente a posibles recortes en áreas que, pese a su alto presupuesto, no generan valor público tangible.
Sánchez considera que la raíz del problema es la falta de profesionalización. “Las unidades de comunicación deben dejar de ser organizadores de conferencias de prensa y convertirse en estrategas capaces de generar información responsable, verificable y útil para los medios”, afirma. Para el experto, un modelo moderno de comunicación institucional no se basa en propaganda, sino en datos, acceso a fuentes y contenidos que contribuyan al control social y a la rendición de cuentas.
Este debate reabre una discusión más amplia: el uso político de la comunicación estatal durante los últimos años. Los cuestionamientos apuntan a un Estado que fortaleció redes de difusión afines, aumentó el gasto en contenidos propagandísticos y redujo la calidad informativa, al tiempo que debilitó las unidades técnicas responsables de formular políticas públicas. La revisión presupuestaria anunciada podría convertirse en una oportunidad para corregir ese desequilibrio —o, según advierten analistas, podría chocar con intereses internos que se han beneficiado del actual esquema.
Redacción central La Paz
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