La reciente reorganización del Órgano Ejecutivo, que reduce los ministerios de 17 a 15 bajo el gobierno de Rodrigo Paz, fue presentada como una medida para mejorar la eficiencia, coordinación y racionalidad funcional del Estado. Sin embargo, sin una meta fiscal clara y un recorte real en los gastos estructurales, esta reingeniería corre el riesgo de convertirse en una simple cirugía cosmética, más estética que efectiva, incapaz de influir en el déficit fiscal que sigue presionando las finanzas públicas.
El Ministerio de Economía debe explicar, con datos y objetivos concretos, cuánto pretende reducir el déficit en el Presupuesto General del Estado 2026. Reducir ministerios puede generar algunos ahorros en cargos jerárquicos, consultorías y logística, pero no toca los rubros que verdaderamente inflan el gasto público: subsidios, empresas estatales deficitarias, inversión financiada con deuda y transferencias que comprometen la sostenibilidad fiscal. Sin una meta cuantificada, el ordenamiento institucional se queda en discurso, dice un economista que prefiere quedar en el anonimato
Además, los ministerios fusionados o eliminados pueden seguir operando bajo nuevas denominaciones o dentro de otras carteras, manteniendo personal, unidades ejecutoras y compromisos presupuestarios casi intactos. El caso del Ministerio de la Presidencia —que ha llegado a manejar un presupuesto mayor al de la Gobernación de La Paz— muestra que se requiere una revisión profunda de asignaciones, no solo cambios administrativos o de nombre, añade.
Para lograr un impacto real, el Gobierno debe acompañar la reorganización institucional con una cirugía fiscal verdadera: revisar gastos improductivos, cerrar proyectos sin ejecución efectiva, auditar áreas duplicadas y transparentar compromisos futuros. Solo así el país podrá pasar de los gestos simbólicos a las transformaciones que necesita para recuperar equilibrio y credibilidad.
Redacción central Cochabamba
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