Este 17 de noviembre marca un punto de tensión jurídica para dos figuras del oficialismo. El exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, recibió una orden de aprehensión, aunque no fue detenido, en el marco de denuncias que apuntan a responsabilidades administrativas y posibles daños económicos al Estado. La Policía está instruida para ejecutar la orden cuando se lo ubique, manteniendo la presión institucional.
Paralelamente, el exejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, fue aprehendido tras presentarse voluntariamente ante la Fiscalía. Está acusado de enriquecimiento ilícito y por un incremento patrimonial que no coincide con sus ingresos como dirigente. Huarachi deberá someterse a una audiencia de medidas cautelares que definirá su situación jurídica.
La coincidencia de ambos casos generó interpretaciones sobre una posible ofensiva judicial con fines políticos, aunque desde el Gobierno se plantea que se trata de un esfuerzo por transparentar lo sucedido en la administración pasada. Las acusaciones, como la mencionada por el Presidente Paz sobre un daño económico que podría alcanzar los 15 mil millones de dólares, aumentan la relevancia del proceso y la exigencia de claridad.
En este escenario, la presión pública se centra en la necesidad de pruebas claras y verificables. La ciudadanía espera que las acciones judiciales no se limiten a titulares llamativos, sino que estén respaldadas por evidencia concreta que demuestre la legalidad de las medidas.
El desarrollo de estas investigaciones determinará si la ofensiva cumple su objetivo de transparencia. La situación de Montaño permanece en suspenso, mientras que la audiencia cautelar de Huarachi será decisiva para conocer si la Fiscalía cuenta con fundamentos sólidos o si las acciones reflejan un simple ajuste político.
Redacción central La Paz
About Author
