La Fiscalía General del Estado imputó este 8 de diciembre al expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, y a otros cinco exfuncionarios por el delito de incumplimiento de deberes dentro del caso Botrading, una investigación que destapó sobreprecios y contratos irregulares por más de 776 millones de dólares. El Ministerio Público solicitó cuatro meses de detención preventiva en San Pedro, señalando riesgo de fuga y posible obstrucción del proceso.
La medida se endureció después de que Dorgathen cruzara la frontera hacia Brasil, burlando la alerta migratoria activada en octubre. Actualmente permanece prófugo en Corumbá, mientras la Cancillería evalúa un pedido de extradición. Con el principal acusado fuera del país, la audiencia de medidas cautelares se realizará en rebeldía, lo que complica la recuperación de activos y retrasa el avance del caso.
El expediente Botrading reveló un esquema de sobreprecios de hasta 30 % en la compra de diésel y gasolina, presunta triangulación con una empresa “fantasma” en Paraguay y adjudicaciones directas omitiendo procesos de licitación. En la causa ya existen otros implicados con medidas cautelares: el exgerente Félix Cruz, detenido preventivamente, y la exjefa de Contrataciones, Cinthia Pedraza, con arresto domiciliario.
El escándalo emerge en medio de la peor crisis de combustibles en una década, marcada por largas filas, cupos del 70 % y falta de dólares para importar carburantes. La oposición acusa al gobierno de Luis Arce de proteger a los responsables y exige una auditoría total a 20 años de gestión en YPFB. La estatal petrolera, en cambio, asegura que colabora con la justicia y atribuye las irregularidades a “prácticas heredadas”. La ciudadanía, golpeada por la escasez, espera que esta vez la investigación no termine en show político, sino en sanciones reales y devolución del dinero perdido.
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Redacción central La Paz
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