La controversia se originó tras la aparición en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) de una licitación atribuida al Ministerio de la Presidencia para la contratación de un servicio especializado de monitoreo de redes sociales y medios digitales. El objeto del proceso incluía seguimiento de menciones, análisis de percepción ciudadana, identificación de tendencias y alertas ante picos de conversación negativa en plataformas como Facebook, X, Instagram, TikTok y medios digitales.
La publicación desató cuestionamientos desde sectores políticos y ciudadanos que interpretaron el alcance del servicio como un posible mecanismo de vigilancia de la opinión pública. El monto referencial —cercano a los 700 mil bolivianos— también fue puesto bajo la lupa en un contexto de restricciones presupuestarias y debate sobre prioridades del gasto estatal.
Sin embargo, el punto más sensible no fue solo el contenido del servicio, sino la competencia administrativa. En su comunicado posterior, el Ministerio señaló que, tras la nueva estructura organizativa del Poder Ejecutivo, el área de Comunicación Social ya no depende de esa cartera, por lo que el proceso “ya no se encuentra vigente”. Es decir, se deja sin efecto la contratación por no corresponder estructuralmente a esa instancia.
Ahí surge la interrogante administrativa: si la competencia ya no recaía en el Ministerio de la Presidencia, ¿por qué el proceso fue publicado? En el ámbito de contratación pública, la difusión en el Sicoes implica la apertura formal de un procedimiento, lo que puede activar consultas, descargas de pliegos e incluso gestiones preliminares por parte de empresas interesadas. Aunque no necesariamente genera derechos adquiridos hasta etapas posteriores, sí puede implicar tiempo y recursos invertidos por potenciales proponentes.
En su defensa, la cartera insistió en que el monitoreo de políticas públicas y comunicación institucional es una práctica estándar en gobiernos modernos y que no se trataba de “controlar redes”, sino de evaluar la eficacia informativa del Estado. No obstante, la secuencia —publicación, crítica pública y posterior anulación— deja abierta la discusión sobre coordinación interna, control previo y claridad en la transición de competencias dentro del Ejecutivo.
El episodio no solo expone la sensibilidad política que rodea cualquier iniciativa vinculada a redes sociales, sino también posibles desajustes administrativos en la implementación de la nueva estructura gubernamental. En tiempos de exigencia de transparencia, la coherencia entre competencia institucional y procesos publicados resulta clave para evitar dudas, costos innecesarios y desgaste político.
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Por Equipo de redacción
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