El antecedente más cercano es claro. En 2025, proyecciones impulsadas incluso desde sectores empresariales apuntaban a una inflación cercana al 14%. Sin embargo, la realidad terminó superando ese techo, evidenciando una constante: en Bolivia, proyectar se ha vuelto un ejercicio cada vez más frágil.
Hoy, el 14% vuelve a escena, pero como un escenario optimista dentro de un rango más amplio. Las propias estimaciones oficiales y de organismos internacionales colocan la inflación entre el 12% y el 20%, dependiendo de variables que aún no están bajo control. Es decir, el número existe, pero condicionado a que varios factores jueguen a favor.
Entre esos factores, la inestabilidad monetaria pesa. La escasez de dólares, la presión sobre el tipo de cambio paralelo y la creciente dificultad para sostener subsidios generan un entorno donde los precios tienden a moverse con rapidez. En ese contexto, cualquier cálculo pierde precisión.
A esto se suma el componente externo. Las tensiones geopolíticas que involucran a actores como Estados Unidos e Israel pueden impactar en los precios internacionales del petróleo. Para un país importador de combustibles como Bolivia, esto no es un dato menor: cualquier variación puede trasladarse directa o indirectamente a la inflación interna.
Pero más allá de modelos y estimaciones, hay un elemento que termina ordenando la discusión: el bolsillo. El mercado no emite comunicados, pero responde con señales concretas. Cuando el dinero rinde menos, cuando los precios suben más rápido que los ingresos, la percepción de crisis se instala, sin necesidad de cifras oficiales.
Por Equipo de redacción
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