El gobierno boliviano confirmó avances en la coordinación con Estados Unidos para restablecer mecanismos de cooperación antidroga mediante inteligencia, capacitación y asistencia técnica. Sin embargo, las autoridades aclararon que la DEA no realizará operativos autónomos ni tendrá control directo sobre fuerzas bolivianas.
El punto central del debate está en la Constitución Política del Estado (CPE), que establece principios de soberanía nacional y regula la participación de organismos extranjeros en territorio boliviano. Por ello, expertos consideran indispensable la existencia de acuerdos bilaterales formales que definan competencias, límites operativos y responsabilidades institucionales.
Desde el Ejecutivo sostienen que la futura presencia de la DEA estará limitada al intercambio de información estratégica, lucha contra redes de lavado de dinero y apoyo tecnológico para enfrentar el narcotráfico transnacional.
La discusión política también revive las tensiones históricas tras la expulsión de la agencia estadounidense en 2008 durante el gobierno de Evo Morales, cuando se denunció supuesta injerencia extranjera en asuntos internos.
Aunque todavía no existe una fecha oficial para la apertura formal de oficinas en La Paz, ya existen mecanismos activos de cooperación técnica entre Bolivia y Estados Unidos en materia antidrogas.
Portada Ernesto Justiniano, Viceminitro de Defensa Sovial (archivo)
Por Equipo de redacción
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