El acto fue encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores, quien impuso al presidente la Orden Nacional del Cóndor de los Andes, una distinción cuya administración corresponde al jefe de Estado en su condición de Gran Maestre de la Orden, mientras que el canciller actúa como Canciller de la misma. Desde el Gobierno se afirma que el procedimiento se ajustó a la legislación vigente.
Sin embargo, la ceremonia abrió un intenso debate político. El líder opositor Samuel Doria Medina ironizó que el canciller terminó «condecorando» al propio presidente y sostuvo que el Gobierno debería pensar «menos en condecoraciones y más en transformaciones».
Las críticas también encontraron eco en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron que el Ejecutivo destinara atención a un acto ceremonial cuando el país continúa enfrentando las consecuencias económicas y sociales de las recientes movilizaciones. Para muchos ciudadanos, la discusión ya no gira únicamente en torno a la legalidad de la condecoración, sino a la oportunidad política de realizarla.
En ese contexto surge una interrogante de fondo: ¿era este el momento adecuado para una ceremonia de reconocimiento cuando amplios sectores esperan medidas concretas para enfrentar la crisis económica, recuperar la actividad productiva y restablecer la confianza ciudadana?
La polémica evidencia que, más allá del cumplimiento de la norma, las decisiones públicas también son evaluadas por su simbolismo. En tiempos de incertidumbre, los actos protocolares pueden ser interpretados como señales políticas, especialmente cuando la ciudadanía demanda respuestas a problemas considerados más urgentes.
Por Equipo de redacción
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