El cambio en el precio del diésel modifica una variable que estaba incorporada en los presupuestos públicos. Una retroexcavadora, una volqueta, una motoniveladora o cualquier maquinaria que trabaja con combustible ahora cuesta más por hora de operación.
Y eso no estaba necesariamente contemplado en los Programas Operativos Anuales ya aprobados.
El problema alcanza a las gobernaciones, pero también a los municipios. Ambos niveles utilizan maquinaria pesada para caminos, mantenimiento de vías, obras, atención de emergencias y otras tareas que no pueden detenerse simplemente porque el combustible subió.
Por eso, la demanda de los gobernadores por una compensación no debería leerse únicamente como una disputa por mayores recursos. También plantea una cuestión de sostenibilidad de la gestión pública.
Si el costo de hacer una obra aumenta, pero el presupuesto permanece calculado con los precios anteriores, la diferencia tiene que salir de alguna parte: de nuevas transferencias, de recortes en otras partidas o de la reducción de obras y servicios.
En ese escenario, el modelo 50/50 adquiere una urgencia distinta.
La propuesta de redistribuir recursos y competencias entre el nivel central y las autonomías tendría que dejar de ser una consigna política y comenzar a traducirse en números concretos dentro del Presupuesto General del Estado 2027.
Porque descentralizar competencias sin garantizar recursos suficientes puede terminar trasladando responsabilidades hacia gobernaciones y municipios sin entregarles la capacidad financiera para cumplirlas.
Pero existe además un problema inmediato: 2027 todavía está por llegar y las autonomías tienen que terminar de gestionar 2026.
De ahí surge la posibilidad de un fondo transitorio de compensación que permita amortiguar el impacto del nuevo precio del diésel y evitar que la presión sobre el gasto termine paralizando obras, mantenimiento o servicios esenciales.
La discusión, entonces, tiene dos tiempos: un fondo para sostener la gestión mientras dure la transición y un nuevo esquema presupuestario para que el 50/50 tenga respaldo financiero real desde 2027.
La pregunta que queda sobre la mesa es sencilla, pero decisiva: si el precio del diésel cambió, ¿quién pagará la factura de mantener funcionando las autonomías?
Porque la eliminación de la subvención no se quedó en el surtidor. También llegó al POA.
Por Equipo de redacción
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