El Gobierno asegura que la subvención a la gasolina se mantiene, pero en la calle el problema sigue siendo otro: hay conductores haciendo filas durante horas porque el combustible no llega con normalidad a los surtidores. El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, pidió tranquilidad y YPFB atribuyó la crisis a un problema logístico generado por la interrupción del transporte en cisternas.
Leonardo Loza no aparece entre los bolivianos a los que Estados Unidos les revocó la visa, pero este miércoles decidió responder políticamente a Washington: dijo que no le interesa tener ni pedir una visa estadounidense y cuestionó la política de Donald Trump. La pregunta que queda abierta es si este desafío verbal puede tener alguna consecuencia para el gobernador de Cochabamba más adelante.
Rodrigo Paz dice que el 50/50 ya es una realidad. En horas precedentes, frente a los alcaldes de las nueve capitales y El Alto, el Gobierno asumió el compromiso político de avanzar hacia una nueva distribución de recursos. Pero la frase todavía tiene una cuenta pendiente: definir cuánto dinero, de dónde saldrá, qué competencias pasarán a las regiones y bajo qué marco legal funcionará el nuevo esquema.
“EE.UU. revoca visas a funcionarios latinoamericanos, incluido el fiscal general de Bolivia”, titula Associated Press. “EE.UU. restringe visas a funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú”, informa EFE. El País habla de una “nueva ofensiva” de Washington contra jueces, fiscales, empresarios y políticos de América Latina, mientras el South China Morning Post destaca la revocación de visas a funcionarios y sus familiares por acusaciones de corrupción. Cuatro medios internacionales, cuatro titulares y un mismo nombre que aparece en el centro del caso boliviano: Róger Mariaca.
El veto estadounidense al fiscal general Róger Mariaca tiene, según el abogado estadounidense Thomas Becker, una explicación política: quienes no están de acuerdo con la línea de Donald Trump podrían correr el riesgo de quedar fuera de Estados Unidos. La afirmación, hecha a Radio Centro de Cochabamba, coloca la decisión de Washington en otro terreno: ya no solo se discuten las acusaciones contra Mariaca, sino el uso del poder migratorio como instrumento de presión política.
Estados Unidos puso al Fiscal General de Bolivia bajo una acusación gravísima: sostiene que Roger Mariaca solicitó y aceptó sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Mariaca respondió que se debe y subordina a la Constitución y planteó que la medida estadounidense podría estar relacionada con las investigaciones que impulsa el Ministerio Público. Ahora el Legislativo pide a la Cancillería recabar información. La pregunta dejó de ser solamente quién acusa: también es qué pruebas existen.
El Gobierno defendió el fin de la subvención a los combustibles con una cifra contundente: alrededor de US$58 millones semanales. El economista Gonzalo Colque cuestiona ese cálculo y sostiene que el costo efectivo de la subvención estaría más cerca de US$18 millones por semana. La diferencia no es un detalle: son unos US$40 millones cada siete días y obliga a una pregunta básica: ¿qué se está contabilizando como subvención?
El dieselazo no logró frenar a Bolivia: Santa Cruz replegó al transporte, pero La Paz, El Alto y Cochabamba siguieron moviendo pasajeros, mientras otros departamentos mostraron un acatamiento parcial. La convocatoria nacional de la Confederación quedó así reducida a una protesta desigual y deja a sus dirigentes ante una negociación de mañana con una pregunta inevitable: ¿cuánta fuerza tiene realmente el transporte cuando no todos jalan del mismo lado?
Después del discurso de Rodrigo Paz ante la ONU, el FAB-002 no tomó rumbo directo a Bolivia. Voló de Nueva York a Boca Ratón, una de las ciudades de mayor poder adquisitivo de Florida, y permaneció allí alrededor de 66 horas. ¿Qué ocurrió en ese destino? Hasta ahora, el Gobierno no lo ha explicado.
“Nadie, por haber sido presidente o por tener capacidad de movilización, está por encima de la ley”. Con esa frase, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, respondió al ultimátum de Evo Morales y puso el conflicto en otro terreno: mientras el expresidente prepara nuevas movilizaciones contra el Gobierno, el Ejecutivo le recuerda que también debe responder ante la Justicia por los procesos pendientes en su contra.
