El anuncio fue difundido este 22 de octubre por el Departamento de Estado. Entre los 15 ciudadanos identificados figuran el exfiscal general Juan Lanchipa, los diputados Rafael Darío López Mercado, de la alianza Libre, y Rolando Santos Pacheco Chávez, de Alianza Popular, además de fiscales, jueces, responsables policiales y exautoridades de distintas instituciones públicas.
La lista también incluye a Félix Gerardo Balderas Arteaga, exfiscal departamental de Beni; Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de Sustancias Controladas en Santa Cruz; Diego Alejandro Barboza Zeballos, exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras; y Aldo Ismael Quezada Cerruti, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Completan la nómina Fernando Ronald Velasco Soliz, Freddy Bismarck Pereira Molina, Oscar Mauricio Ortiz Cuéllar, Katherine Calderón Valle, José Ayaviri Siles, Armando Rojas Toledo, Rony Suárez Milliet y Julio Nelson Alba Flores.
La Administración Trump sostiene que su política está dirigida contra ciudadanos extranjeros cuyas actividades de corrupción o narcotráfico socavan gobiernos elegidos democráticamente, independientemente de su afiliación política. El comunicado añade que Estados Unidos respalda al Gobierno boliviano en sus esfuerzos por eliminar la influencia delictiva de los tribunales, la Policía y la Asamblea Legislativa.
La medida se sustenta en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que permite restringir el ingreso de extranjeros cuando existen motivos razonables para considerar que su entrada o las actividades previstas podrían tener consecuencias adversas potencialmente graves para la política exterior estadounidense.
Aunque el comunicado no expone los antecedentes particulares de cada persona, la decisión representa una acción formal de política exterior adoptada por el Gobierno de Trump. La falta de detalles individuales en la publicación no demuestra que no existan indicios, pero tampoco permite conocerlos ni evaluarlos de manera independiente.
Esta segunda ronda se suma a las restricciones anunciadas en septiembre contra ciudadanos bolivianos, entre ellos el fiscal general Roger Mariaca. Con la ampliación, Washington profundiza una política que utiliza el acceso a su territorio como instrumento frente a conductas que considera una amenaza para la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho.
El anuncio abre un desafío institucional para Bolivia. El Gobierno deberá evaluar los canales diplomáticos y de cooperación disponibles, mientras las autoridades competentes pueden determinar si existen hechos verificables que ameriten investigaciones conforme a la legislación nacional. La decisión estadounidense no equivale a una condena penal boliviana ni reemplaza el debido proceso.
El mensaje de Washington es político y concreto: la lucha contra la corrupción y el narcotráfico tendrá consecuencias en la relación con Estados Unidos. Para Bolivia, el reto consiste en responder con transparencia, cooperación institucional e investigaciones independientes, sin convertir las restricciones migratorias en prueba automática de culpabilidad ni descartarlas sin examinar sus posibles fundamentos.
Por Equipo de redacción
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