La protesta empieza mucho antes de que una calle se llene de gente. Empieza en el mercado, cuando el dinero ya no alcanza; en la casa, cuando una familia elimina alimentos de su mesa, y en el bolsillo del trabajador, cuando el salario pierde capacidad de compra. Europa está mostrando cómo ese malestar puede desbordar las demandas económicas y convertirse en un conflicto político.
En Francia, las movilizaciones del 17 de octubre reunieron a cientos de miles de personas contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos. La mayoría se manifestó pacíficamente, pero algunos grupos protagonizaron saqueos, incendios y enfrentamientos. En Grecia, el 21 de octubre, cerca de 20.000 personas se movilizaron en unas 50 ciudades para exigir mejores condiciones de vida, viviendas accesibles y mayor apoyo a la educación pública. No existe una única revuelta europea, pero sí preocupaciones que atraviesan fronteras: ingresos insuficientes, gastos crecientes y desconfianza en la capacidad de respuesta de los gobiernos.
Bolivia tiene motivos propios para prestar atención. La Defensoría del Pueblo advirtió el 7 de septiembre que el alza sostenida de los precios estaba limitando el derecho a la alimentación. Su monitoreo de una canasta de 21 productos encontró que la proporción de hogares que no lograban cubrir el gasto alimentario pasó del 63% en junio al 76% en agosto. En un reporte posterior, basado en un sondeo realizado entre julio y septiembre, la institución registró fuertes incrementos en alimentos de consumo cotidiano. En Cochabamba, por ejemplo, reportó una subida del 293% en el precio observado de la zanahoria durante el periodo analizado.
El encarecimiento tiene varios factores. La eliminación del subsidio al diésel que todavía se mantenía para la producción y el transporte añadió presión sobre los costos, pero también influyen la estacionalidad agrícola, los problemas de abastecimiento, los insumos importados y las expectativas de precios. Reducir el problema a una sola causa impediría comprenderlo; ignorar el efecto acumulado sobre las familias sería todavía más grave.
El Gobierno de Rodrigo Paz enfrenta así una tensión que no puede resolver solamente con anuncios de estabilización fiscal. Las reformas económicas pueden perseguir objetivos necesarios, pero sus costos inmediatos también deben medirse. Si los hogares destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos a la alimentación, quedan menos recursos para transporte, salud, educación y vivienda. El ajuste termina trasladándose a la mesa familiar.
La inflación oficial, por su parte, requiere una lectura cuidadosa. El Instituto Nacional de Estadística reportó una variación mensual del 0,85% en septiembre y una inflación acumulada del 3,88% entre enero y ese mes. Esos indicadores no contradicen automáticamente las fuertes alzas detectadas en determinados alimentos y mercados: miden conjuntos de productos y ponderaciones diferentes. Para entender lo que vive la población, el Gobierno necesita observar tanto los indicadores generales como los precios concretos que golpean el presupuesto cotidiano.
La advertencia europea no significa que Bolivia esté destinada a vivir saqueos o disturbios similares. La dificultad económica no convierte automáticamente a una sociedad en violenta, y la mayoría de las personas que atraviesan privaciones no recurre a la destrucción. Sin embargo, cuando las necesidades básicas no encuentran respuesta, las protestas pueden extenderse, endurecer sus demandas y erosionar la confianza en las instituciones.
Por eso, Paz no debería esperar a que el malestar llegue a un punto crítico. Necesita vigilar el costo real de la canasta familiar, identificar los abusos y los problemas de abastecimiento, proteger a los hogares vulnerables y explicar con transparencia quiénes asumen los costos de sus medidas. También debe abrir canales de diálogo antes de que los reclamos se conviertan en conflictos mayores.
La estabilidad no se construye únicamente con cuentas fiscales ordenadas ni se impone indefinidamente mediante decretos y controles. También depende de que la gente pueda alimentarse, trabajar y sostener a su familia. Europa ofrece una advertencia; Bolivia ya tiene señales que exigen atención.
Cuando el bolsillo se vacía, la paciencia social tiene límites. Y ningún gobierno debería esperar a que las ollas vacías se conviertan en el principal termómetro de su gestión.
Por Equipo de redacción
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