La legalización de los llamados autos “chutos” vuelve a la agenda legislativa con argumentos económicos y sociales. Sus impulsores sostienen que la regularización permitiría incorporar vehículos al sistema tributario y generar ingresos para los municipios. Sin embargo, el debate no termina en los impuestos que podrían recaudarse: también importa cuánto costaría sostener un parque automotor más grande en un país que enfrenta dificultades de abastecimiento de carburantes.
La Agencia Boliviana de Información (ABI) informó en septiembre que el sector automotor estima la existencia de alrededor de 1,5 millones de vehículos indocumentados en Bolivia. La cifra no corresponde a un registro oficial, pero dimensiona el alcance potencial de una medida de esta naturaleza. Entre las objeciones planteadas figuran el aumento de la demanda de combustibles y la competencia desigual frente a quienes importaron y registraron sus vehículos cumpliendo las obligaciones legales.
El contraste se hace más evidente porque el propio Ministerio de Obras Públicas presentó en septiembre una propuesta para acelerar el cambio de matriz energética y promover la renovación progresiva del parque automotor. El planteamiento busca reducir la dependencia de los combustibles líquidos, impulsar nuevas tecnologías y facilitar el acceso a vehículos más modernos y eficientes.
Ambas iniciativas obligan a una discusión de fondo. Regularizar vehículos existentes puede responder a una necesidad inmediata, pero incorporar más motorizados sin una evaluación integral de su antigüedad, eficiencia y consumo podría entrar en tensión con los objetivos de modernización del transporte.
El dilema no es necesariamente legalizar o transformar. Es determinar si la regularización tendrá condiciones estrictas, controles efectivos y una política energética compatible con el futuro que el país dice buscar.
El proyecto también plantea un problema de cumplimiento de la ley. Si una regularización extraordinaria no va acompañada de controles fronterizos y medidas que impidan nuevos ingresos ilegales, el Estado corre el riesgo de transmitir una señal contradictoria: incumplir las normas puede terminar encontrando una salida política posterior.
Por eso, el tratamiento en comisión debería considerar no solo los beneficios tributarios anunciados, sino también el impacto fiscal, el abastecimiento de carburantes, la seguridad jurídica de los importadores formales y los mecanismos para identificar vehículos robados.
La pregunta que queda abierta es qué prioridad guiará la decisión pública: resolver una demanda acumulada con beneficios inmediatos o aprovechar el debate para ordenar el parque automotor y avanzar hacia un modelo de transporte sostenible. Bolivia necesita atender los problemas de hoy, pero también evitar que las soluciones de corto plazo terminen hipotecando las opciones del mañana.
Por Equipo de redacción
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