En la calle se dice que cuando hay plata y poder de por medio, nadie anda dejando la prueba servida en bandeja. Pero tampoco hace falta esperar a que aparezca una confesión firmada para empezar a preguntar qué pasó.
El nuevo audio atribuido a Fernando Cerimedo y María Elena Urquidi, esposa del presidente Rodrigo Paz, menciona gestiones relacionadas con kits de conversión a gas natural vehicular (GNV), una licitación y la comercialización de urea de YPFB. También aparecen referencias a ministros y a la designación de responsables en áreas estratégicas.
Por ahora, las voces y el contenido requieren una verificación técnica independiente. La grabación no acredita por sí misma corrupción ni tráfico de influencias. Pero los asuntos que pone en conversación son suficientemente importantes como para no despacharlos con un simple desmentido o una descalificación.
Aquí entra el Ministerio Público, que dirige la investigación penal, y la Policía, que cumple funciones investigativas bajo la dirección fiscal. Les corresponde determinar la autenticidad del material, reconstruir los hechos mencionados y establecer si existen elementos que justifiquen actuaciones penales. No se trata de condenar a nadie por lo que dice una grabación, sino de comprobar si detrás de esas conversaciones hubo decisiones irregulares o presiones sobre asuntos públicos.
El problema es que las atribuciones legales no siempre se traducen en autonomía efectiva. Investigar a personas cercanas al poder político puede poner a prueba la independencia de los investigadores, la capacidad institucional y la voluntad de llegar hasta el fondo. Y cuando la sociedad sospecha que el poder puede condicionar a quienes deben fiscalizarlo, la credibilidad de la justicia también queda en juego.
Por eso, la primera pregunta no debería ser quién filtró el audio ni a quién perjudica políticamente. La pregunta es qué ocurrió con la licitación de los kits de GNV, cómo se tomaron las decisiones relacionadas con la comercialización de urea y si alguien intentó influir en ellas al margen de los procedimientos establecidos.
La Fiscalía no tiene que demostrar que es independiente con discursos. Tiene que demostrarlo investigando con rigor, sin anticipar culpabilidades y sin detenerse cuando los indicios conducen a personas influyentes.
Porque en Bolivia, donde muchas veces la sospecha corre más rápido que la justicia, el verdadero examen no consiste en dar por cierta una grabación ni en enterrarla bajo el ruido político. Consiste en establecer qué hay detrás de ella.
Portada captura de imagen gentileza El País, Tarija.
Por Equipo de redacción
About Author
