El argumento del ministro pone sobre la mesa una discusión que va más allá de la naturaleza jurídica de Entel. Una Sociedad Anónima tiene reglas propias de administración y funcionamiento, pero esa condición no determina, por sí sola, que quede fuera de los mecanismos de control estatal.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé recordó que la Ley 1178, conocida como SAFCO, contempla mecanismos de control sobre entidades que reciben recursos públicos. Su referencia merece una precisión: el artículo 3 incluye a las empresas estatales y a las sociedades con participación patrimonial mayoritaria del Estado; el artículo 5 establece obligaciones específicas para personas jurídicas que reciben recursos públicos, aunque no estén comprendidas en el régimen general de los artículos anteriores.
Pero el argumento constitucional más directo está en otro lugar. El artículo 158.I.20 de la CPE faculta a la Asamblea Legislativa a fiscalizar las empresas públicas, las de capital mixto y toda entidad en la que el Estado tenga participación económica.
La disposición no condiciona esa atribución a que la empresa forme parte del Órgano Ejecutivo. Tampoco establece una excepción por estar constituida como Sociedad Anónima.
Entel fue nacionalizada en 2008 y el Estado concentra aproximadamente el 97% de su participación accionaria. No se trata, por tanto, de una compañía privada sin vinculación patrimonial con el sector público.
Esto no significa que la Asamblea pueda intervenir arbitrariamente en la gestión cotidiana de la empresa ni que su fiscalización sustituya las competencias de la Contraloría. Significa que la autonomía administrativa y comercial debe convivir con la obligación de rendir cuentas.
La pregunta institucional es inevitable: ¿cómo se justifica que el Estado tenga la propiedad mayoritaria de una empresa, asuma los riesgos de su patrimonio y, al mismo tiempo, se pretenda limitar el control de los representantes nacionales sobre su funcionamiento?
Una empresa estatal puede y debe competir, innovar y administrar sus recursos con criterios de eficiencia. Pero la eficiencia no se demuestra cerrando las puertas a la fiscalización. Se demuestra con resultados, transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos.
El debate no es si Entel es una Sociedad Anónima. Lo es. El debate es si esa figura societaria puede utilizarse para reducir el alcance del control democrático sobre una empresa cuyo capital pertenece mayoritariamente al Estado.
Por Equipo de redacción
