El Decreto Supremo 5776, aprobado el 16 de noviembre, elevó los techos máximos de interés para nuevos créditos productivos. En el caso de las microempresas, el límite pasó de 11,5% a 17%; para las pequeñas, de 7% a 12%.
El Gobierno sostiene que los antiguos límites desincentivaban a las entidades financieras a prestar a unidades productivas de menor tamaño. Como respaldo, citó datos de ASFI que muestran una caída cercana al 19% en los desembolsos a micro y pequeñas empresas entre enero y septiembre de 2026, frente al mismo periodo del año anterior.
El argumento tiene una lógica financiera: si el costo de captar dinero aumenta y el riesgo de prestar a una empresa pequeña es mayor, los bancos pueden restringir el crédito cuando los intereses están demasiado limitados.
Sin embargo, una caída en los desembolsos no explica por sí sola qué está ocurriendo en el tejido empresarial. ¿Los bancos rechazaron más solicitudes? ¿Las empresas dejaron de pedir préstamos porque no pueden pagarlos? ¿Faltan garantías? ¿La incertidumbre económica está frenando nuevas inversiones?
Son preguntas que necesitan respuestas antes de concluir que elevar las tasas resolverá el problema.
La crítica de Samuel Doria Medina apunta precisamente al costo de encarecer el dinero en una economía debilitada. Pero el cuestionamiento no se limita a una figura política. Sectores productivos y empresariales también expresaron preocupación por el impacto de la medida y pidieron mayor información sobre sus efectos.
Santa Cruz merece una atención especial. Su aparato productivo concentra una parte importante del crédito destinado a manufactura, agricultura, ganadería y construcción. En estas actividades, el financiamiento no es un lujo: permite comprar insumos, sostener operaciones, invertir y cumplir compromisos comerciales.
Una tasa más alta puede facilitar que un banco otorgue un préstamo que antes rechazaba. Pero también puede convertir ese crédito en una obligación difícil de sostener. El acceso al financiamiento no sirve de mucho si la empresa no tiene capacidad real para devolverlo.
Por eso, el debate no debería quedarse en la rentabilidad bancaria ni en la necesidad de flexibilizar los límites regulatorios. El Gobierno debe demostrar que conoce las condiciones de quienes producen y que evaluó alternativas antes de trasladar una parte mayor del costo financiero al prestatario.
Un relevamiento integral tendría que distinguir entre falta de oferta bancaria y falta de demanda solvente; identificar los sectores más afectados; medir la capacidad de pago de micro, pequeñas y medianas empresas; y consultar directamente a productores y cámaras empresariales.
También debería evaluar otras herramientas, como garantías estatales, mecanismos de cobertura de riesgo o medidas diferenciadas por actividad económica.
La estabilidad financiera es necesaria, pero no puede convertirse en una política desconectada de la recuperación productiva. Si el crédito se encarece y la inversión no despega, el país podría terminar pagando un costo mayor: menos producción, menos empleo y más empresas en dificultades.
El Ministerio de Economía tiene una tarea pendiente de transparencia: publicar el estudio técnico que respalda la modificación y explicar por qué considera que elevar los techos de interés es la mejor respuesta.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿el Gobierno está regulando a partir de lo que muestran los balances bancarios o de lo que realmente pueden soportar las empresas bolivianas?
Una norma económica de alto impacto debe tener evidencia, diagnóstico y evaluación. No basta con identificar un problema; hay que demostrar que la solución no terminará agravándolo.
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Por Equipo de redacción
