Evo Morales, expresidente de Bolivia, respondió a las críticas y cuestionamientos sobre su habilitación electoral, denunciando una supuesta persecución política impulsada por el Gobierno y el poder judicial. Morales llamó a que sea el voto del pueblo el que defina su futuro político en las elecciones del 17 de agosto, rechazando lo que calificó como un «Plan Negro» y una «Guerra Jurídica» en su contra.
El diputado José Manuel Ormachea (CC) lanzó una bomba al señalar que el precandidato presidencial Manfred Reyes Villa habría mentido en su declaración jurada, escondiendo un patrimonio millonario en Estados Unidos y financiando una campaña electoral «suntuosa» con fondos dudosos, exigiendo a la Contraloría y al TSE una investigación inmediata.
Fidel Surco, secretario de Relaciones Internacionales del MAS-IPSP, acusó a Evo Morales de traicionar los principios de la izquierda boliviana al liderar lo que denominó la “nueva derecha”. Según Surco, Morales habría replicado prácticas de transfuguismo político al aliarse con el Frente Para la Victoria (FPV), al que calificó de “taxipartido” por acoger a sectores neoliberales.
El examen de residencia médica 2025 en Bolivia se enfrenta a crecientes cuestionamientos por supuestas irregularidades, incluidas filtraciones, resultados atípicos y errores en la prueba. Mientras los postulantes demandan transparencia y anulación del proceso, el Ministerio de Salud aún no emite una posición final, generando incertidumbre sobre la validez del concurso.
La Fiscalía Departamental de Tarija imputó al senador y exalcalde Rodrigo Paz Pereira por presuntos delitos relacionados con la construcción del puente 4 de Julio, una obra millonaria que presentó múltiples incumplimientos de plazo y sobrecostos. La imputación incluye cargos por contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
