Las denuncias surgieron tras la realización del examen el 19 de febrero, donde más de 6.900 profesionales médicos participaron a nivel nacional. Postulantes y asociaciones médicas expresaron su preocupación ante la supuesta filtración del contenido del examen, la publicación anticipada de patrones de respuesta y resultados inusualmente altos que, según afirman, beneficiarían a ciertos grupos. En Santa Cruz, el Comité Regional de Integración Docente Asistencial e Investigación (CRIDAI) se pronunció a través de un comunicado informativo, pero evitó referirse a las presuntas irregularidades, incrementando la tensión en la región con mayor número de plazas.
El Ministerio de Salud, que implementó un sistema aleatorio para generar el examen el mismo día en un intento de blindar el proceso, convocó al Comité Nacional de Integración Docente Asistencial e Investigación (CNIDAI) para analizar las denuncias. A pesar de esta medida, la percepción de falta de transparencia persiste, ya que errores en las preguntas, fallas en los protocolos de seguridad y posibles cobros indebidos empañaron la credibilidad del proceso. El Ministerio habilitó una línea de WhatsApp para recibir denuncias, pero aún no se conocen resultados concretos de estas investigaciones.
La falta de una posición clara y definitiva del Gobierno mantiene la incertidumbre sobre el futuro del examen y la asignación de las plazas de residencia médica. Postulantes y organizaciones del sector salud insisten en la necesidad de una respuesta inmediata y transparente que despeje las dudas sobre la legitimidad del proceso. La decisión del Ministerio de Salud será clave no solo para garantizar la equidad en el acceso a la formación especializada, sino también para restablecer la confianza en un sistema que forma parte esencial del desarrollo del sector sanitario boliviano.
Redaccion central y agencias
Conferencia de prensa de fecha 17 de febrero de los viceministros Ramirez y Aguilera
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